Todo caminará con transparencia: José Guadalupe Tarcisio Rodríguez
José Guadalupe Tarcisio Rodríguez, próximo Secretario de Infraestructura, Movilidad y Conectividad, señaló que debemos tener la seguridad de que las cosas caminarán con total transparencia y absoluta eficiencia; las cuales señaló, que son dos dimensiones de la honestidad.
“El conocimiento técnico, la planeación, la ejecución los procesos de licitación serán totalmente transparente”, destacó el futuro Secretario.
A pesar de las críticas que ha recibido su designación al cargo, Tarcisio Rodríguez, dijo que llegó con toda la tranquilidad de conciencia y con las manos limpias de su desempeño en los dos espacios a nivel federal, en la SCT y en el Capufe.
“Respecto a las notas que han salido, puedo decir que nunca he tenido ninguna investigación contra mí”, recalcó.
Explicó que del tema que salió en las noticias, de que unas personas pedían dinero garantizando algún tipo de contrato, fue un asunto de hace años.
“Yo tengo la conciencia tranquila; esas personas fueron sancionadas por el propio organismo cuando ya no estaba a cargo”, detalló.
Tarcisio Rodríguez, afirmó que él viene a Guanajuato con el compromiso de trabajar con total transparencia todos los procesos de licitación, con ánimo de aprovechar la capacidad y la experiencia local.
“En Guanajuato conozco que hay excelente trabajo y la capacidad en el empresariado vinculado a la construcción. Así que seremos un solo equipo”, finalizó.
Con información de El Sol de Irapuato.
José Guadalupe Tarcisio fue señalado como responsable por pedir cuota a constructores en su paso por Capufe
José Guadalupe Tarcisio Rodríguez futuro Secretario de Movilidad, Infraestructura e Innovación, para la administración estatal de Diego Sinhue, en el 2014, fue señalado como responsable pedir de cuota económica a constructores a cambio de adjudicaciones directas, esto durante su paso como director de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) en la administración de Felipe Calderón.
Punto de acuerdo presentado por los senadores del PRI
En febrero de 2012, la PGR y la SFP fueron advertidas de que en Capufe operaban servidores públicos y particulares que ofrecían a empresarios constructores la adjudicación directa de contratos de obra pública a cambio de un porcentaje del valor del contrato.
“Dicha operación, presuntamente fraudulenta, ocurrió de 2009 a 2012 y en ella habrían participado funcionarios de Capufe del más alto nivel”.
En septiembre de 2013 los empresarios constructores denunciaron los hechos ante la PGR y acusaron a 13 funcionarios, ex servidores públicos y particulares, quienes habrían recibido hasta 360 millones de pesos de manera fraudulenta.
Además, “servidores públicos de Capufe han denunciado, desde septiembre de 2010, que durante la administración de José Guadalupe Tarcisio Rodríguez Martínez se compró equipo para la prestación de rescate y primeros auxilios inadecuado, de baja calidad y con sobreprecio de hasta 500 por ciento”.
También se indica que en agosto de 2010 la SFP inició una investigación por el desvío de 930 mil pesos de la partida presupuestal de “servicios” de Capufe a cuentas personales.
Los senadores priistas también enlistaron el delito de lavado de dinero por una probable cantidad de más de 60 millones de pesos.
Compran equipo inadecuado y de baja calidad para los rescatistas
Para equipar al personal que presta servicios de rescate y primeros auxilios en las autopistas y carreteras de todo el país, directivos de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos compraron equipo inadecuado y de baja calidad, facturándolo hasta 500 por ciento más de su valor real.
El equipo de protección para el personal de servicios médicos debe contar con las especificaciones técnicas que establece la Norma Oficial Mexicana NOM-017-STPS-1993, relativa al equipo de protección personal para los trabajadores de los centros de trabajo.
Las especificaciones técnicas de los cascos y chamarras contempla materiales repelentes, antiflamables, reflejantes y, sobre todo, en el caso de las chamarras, con un forro especial para atrapar seres patógenos para evitar el contagio de los rescatistas con sangre infecciosa –viral o bacteriana– con virus, como el de inmunodeficiencia humana, hepatitis, ébola, entre otros.
El costo del equipo certificado oscila en 3 mil 500 pesos el casco y unos 3 mil 400 pesos la chamarra. Su caducidad es de dos años.
En 2007, el personal recibió dicho equipo, mismo que caducó en 2009. Ese año, Capufe debía sustituirlos. Se hizo la adquisición. Según documentos internos de la contraloría, se pagó 3 mil 585 pesos por cada casco y 3 mil 485 pesos por chamarra.
Pero lo que le entregaron a los trabajadores fue un casco acuático de los que usan quienes practican kayak y una chamarra delgada sin reflejantes, ciento por ciento nylon, es decir, ciento por ciento inflamable, de altísimo riesgo, pues el personal está constantemente expuesto al fuego. La chamarra tampoco tiene el forro especial para evitar el contagio de seres patógenos.
De acuerdo con una investigación, que integra la contraloría interna, el precio real del casco oscilaba en 55 dólares y la chamarra no rebasa 20 dólares.
Solicitaron órdenes de aprehensión contra trece personas por un fraude al erario que alcanza los 360 mdp
Parte de la columna de Carlos Loret de Mola: En problemas, el particular de Calderón, publicada el 19 de febrero de 2014.
Funcionarios de Capufe y coyotes que operaban desde afuera de la nómina oficial, están acusados de pedir mordida a cambio de otorgar contratos de obras carreteras… inexistentes: la compañía constructora pagaba el soborno por adelantado y recibía unos papeles con cara de verdaderos, pero sin ningún sustento legal; y como todo había sido chueco, ni a quién reclamarle.
Según fuentes en la PGR y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, decenas de empresarios fueron timados en los años 2009 a 2012, pagaron una mordida de entre 1 y 10% del monto del contrato, y muchas veces recibieron amenazas telefónicas con datos de sus vidas privadas —citas de su agenda, actividades de su esposa, colegios de sus hijos— para que dieran su dinero por perdido.
La PGR logró establecer una trama financiera que incluye el manejo de 65 cuentas bancarias en 20 estados del país. Una complejidad al estilo de la delincuencia mejor organizada.
Hasta este momento, el funcionario de más alto rango para el que se ha solicitado y girado orden de aprehensión es José Ignacio Mojica Barranco, quien se desempeñaba como súper intendente de grúas en Capufe.
Sin embargo, en el gobierno federal piensan que, por la dimensión del presunto fraude, el asunto puede llegar más arriba.
Está en la mira Tarcisio Rodríguez Martínez, quien fue director de Capufe en los años de esta maquinación. Dejó el cargo cuando fue llamado a Los Pinos para ser secretario particular del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
En su lugar quedaron al frente de Capufe, durante la recta final del sexenio pasado, sus dos brazos operadores: Agustín Muciño Martínez y Guillermo Castillo Caballero, quienes están también en los expedientes de la PGR, que tampoco ha actuado contra ellos ante el Poder Judicial.
En el actual gobierno no se explican cómo nadie se dio cuenta de algo que ellos tardaron un par de meses en descubrir.
Declaraciones patrimoniales de Tarcisio
Tarcisio Rodríguez Martínez quien fue secretario particular del expresidente Calderón Hinojosa tuvo un salario de 203 mil 487 pesos –apenas menor al del mandatario con 208 mil 570 pesos-.
La primera declaración patrimonial de Rodríguez Martínez ante la Federación fue del 14 de febrero de 2007, como coordinador general de Planeación y Centros de la SCT, y una modificatoria del 29 de mayo de 2008.
Asumió la titularidad de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe), donde presentó una declaración inicial el 5 de junio de 2008, y tres más el 29 de junio de 2009, 31 de mayo de 2010, y 31 de mayo de 2011.
Salió de Capufe en diciembre de 2011 cuando Calderón lo hizo su secretario particular, cargo que ejerció hasta el final de sexenio; ahí presentó una declaración patrimonial el 30 de mayo de 2012, y otra conclusiva el 29 de enero de 2013.
No obstante, desde el primero y hasta el último de los ocho registros de bienes que presentó el jalisciense en sus cargos federales, jamás consintió que la sociedad pudiera conocer el patrimonio del que se había hecho.
Con información de SDP Noticias, Excélsior, Reporte Índigo, Contra Línea, Carlos Loret de Mola
