Senadores de Morena acusan a empresa Sonigas de huachicolera


Los senadores de Morena, Cruz Pérez Cuéllar y Salomón Jara, solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) abrir una investigación contra la empresa Sonigas, por presunto robo de combustibles y prácticas monopólicas en el manejo de gas LP.


En rueda de prensa, aseguraron que se realizó el hallazgo de una toma clandestina conectada a la empresa Garza Gas de Puebla, que pertenece al grupo de Sonigas.


“Lo que nosotros estamos haciendo es exigirle a la PGR que abra una investigación en contra de este huachicolero de cuello blanco, banquero, que está saqueando a nuestro país, y que obviamente con este cambio que se dio el primero de julio tenemos la obligación de luchar porque criminales como este no sigan robando a nuestro país”, afirmó el senador de Morena, Cruz Pérez.


A partir del cambio que se dio el 1 de julio, "tenemos la obligación de luchar para que criminales como éstos no sigan dañando al país", subrayó el senador Cruz Pérez.


Indicó que tener tomas clandestinas y aprovecharse de los descuentos que otorga Pemex, no son cuestiones que tengan que ver con la reforma energética, y advirtió que de detectarse algo que beneficie a estos "huachicoleros de cuello blanco" de la reforma energética, obviamente, se denunciará y se echará para abajo.


El senador Salomón Jara expuso que este asunto es muy grave y delicado, sobre todo cuando ha habido impunidad y no se castiga a los que roban bienes al país, lo cual no es un asunto sólo de "huachicoleros de abajo, sino también de huachicoleros de arriba".


Es una situación que tenemos que parar, por el grave daño que le hacen a la economía: "Esto no se puede permitir, y por eso, el senador Cruz Pérez presentará un punto de acuerdo, que es un exhorto de la mayor importancia para el grupo parlamentario de Morena", apuntó.


Con información de 20 Minutos, Notimex.



Punto de acuerdo presentado por el Senador Cruz Pérez Cuéllar:

Martes 16 de octubre de 2018

Gaceta LXIV/1PPO-28/84468


“Del Sen. Cruz Pérez Cuéllar, del Grupo Parlamentario Morena, con punto de acuerdo que exhorta a la Procuraduría General de la República, a la Comisión Federal de Competencia Económica y a la Procuraduría Federal del Consumidor a investigar a la empresa SONIGAS, S.A. de C.V. por presunta sustracción de hidrocarburos, así como prácticas monopólicas en el ramo del gas LP.


SE TURNO A LA COMISIÓN DE ECONOMÍA PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA


PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República (PGR) a abrir una investigación a Grupo SONI, con el objeto de verificar si SoniGas S.A. de C.V. o alguna de sus empresas filiales, ha incurrido en el delito de sustracción de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos de ductos, establecido en el artículo 8 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos cometidos en Materia de Hidrocarburos, e imponga las penas correspondientes.


SEGUNDO. EI Senado de la República exhorta respetuosamente a la Comisión

Federal de Competencia Económica (COFECE) a llevar a cabo una investigación por presuntas prácticas monopólicas de la empresa SoniGas S.A. de C.V., en el ramo de gas LP en algunas regiones del país, en especial en la zona centro.


TERCERO. El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) a realizar inspecciones…”



Notas relacionadas:

¿Quién le pega a Salvador Oñate?


Análisis político de Arnoldo Cuellar, publicado en el Blog: Arnoldo Cuellar el 26 de octubre de 2018.


El miércoles de esta semana un senador de Morena, del estado de Chihuahua, presentó un punto de acuerdo que persigue centralmente instar a las autoridades federales para que investiguen a la empresa Sonigas, propiedad del empresario leonés Salvador Oñate Ascencio, por prácticas monopólicas, algo que pudiera sonar creíble en esa industria; por vender cilindros a medio llenar, también muy factible; pero además por algo que se oye desorbitado: presunta sustracción ilegal de hidrocarburos.


El punto de acuerdo, un mecanismo parlamentario que no obstante su nula eficacia sigue siendo el recurso predilecto de los integrantes del Poder Legislativo para hacer ruido político y mediático, va dirigido a la PGR, la Comisión Federal de Competencia Económica y la Procuraduría Federal del Consumidor, como si se tratara de un escopetazo.


La intención del senador Cruz Pérez Cuéllar, un exdirigente panista que le ganó la elección a Gustavo Madero en el estado gobernado por Javier Corral, y al exgobernador priista José Reyes Baeza, pareció ser la de ganarse algunos espacios en la prensa, algo que no ocurrió, precisamente a causa de la probada capacidad de inhibición que posee el capitán de Banco del Bajío y Sonigas para frenar la propaganda negativa en los medios.


La propuesta de Cruz Pérez solo se fundamenta en algunas notas periodísticas aisladas; en reportes y multas de la Profeco, algo que seguramente es común en la industria del gas; y en la presencia de las filiales de Sonigas en más de la mitad de los estados del país.


Aquí es donde surge la duda de las verdaderas motivaciones atrás de la denuncia que a nivel nacional solo fue publicada por el diario Excelsior y apenas por unas horas, pues actualmente la nota ha sido retirada del portal, no aclarada o desmentida, sino simplemente “desaparecida”.


En la tierra de origen del legislador que promueve el punto de acuerdo, se encuentran algunas de las más grandes empresas de distribución y venta de gas. Está por ejemplo Tomza, de Tomás Zaragoza Fuentes, que ha sido acusada casi de lo mismo: acaparar el mercado del gas LP, vender el combustible a sobreprecio y entregar litros que no son de a litro.


Es probable que nos encontremos en una guerra de empresas que utilizan a los políticos como alfiles o quizá simplemente como peones. No sería remoto elucubraciones que el senador Cruz Pérez haya sido respaldado en su campaña por recursos provenientes de los competidores de Oñate y hoy esté pagando los favores.


Por que eso pasa también en Guanajuato. No hace mucho, la alcaldesa de León Bárbara Botello adquirió una flotilla de vehículos mediante un arrendamiento financiero nada barato con una distribuidora de automóviles perteneciente al grupo Soni.


La decisión, tomada contra viento y marea, parecía pagar los favores recibidos en su campaña a la alcaldía en 2012, a través de un personaje central en esta historia y hoy prófugo de la justicia: el extesorero Roberto Pesquera, quien además había colaborado en su carrera profesional cerca del propio Oñate Ascencio.


Por cierto, esa nota apareció fugazmente en la prensa local y luego pasó al olvido, hasta por parte del PAN, que buscaba afanoso temas contra la alcaldesa priista que los acababa de humillar.


Es decir tanto allá como acá hace aire. En Chihuahua y en Guanajuato los políticos y los empresarios han venido bailando un tango a escondidas, buscando beneficios mutuos que regularmente se salen de los caminos de la legalidad: los políticos obtienen recursos ilícitos para sus campañas; los empresarios reciben trato preferencial y beneficios en las decisiones de gobierno o, también, obstáculos mayores para sus competidores.


Ese es el país contra el que votaron 30 millones de mexicanos en la pasadas elecciones, confiando en que Andrés Manuel López Obrador representaba algo distinto, pese a las campañas del miedo acumuladas de 18 años y todas las previsiones de desastre. Sin embargo, es también el país en el que ya parece estarse acomodando el morenismo triunfante si nos atenemos a las maniobras de Cruz Pérez en Chihuahua o las de Ricardo García Oseguera en Guanajuato.


Una elección puede cambiar mucho solo si los políticos leen los mensajes de forma correcta, algo que no hizo Vicente Fox en el año 2000 y que terminó convirtiéndolo en un patético presidente cabildero de empresarios y traidor a los mandatos constitucionales y al voto que lo ungió.


Pero también una sociedad puede cambiar si hay un impulso desde la sociedad y ahí tienen una alta responsabilidad los empresarios, esos que saturan su agenda con cursos de liderazgo y de alta dirección empresarial, pero que nunca se detienen a leer un tratado de ética, aunque sea para dummies, para moderar así sea un poco el capitalismo de compadres que representa uno de los mayores lastres del país.


Hay tarea para todos, más allá de los puntos de acuerdo y la censura o autocensura de los medios, si no queremos que esto siga de mal en peor.



Opinión de Francisco Rodríguez, publicado en su columna: La herencia de Castillejos: ¡un gran fraude electoral!, del 14 de junio de 2017.


Índice Flamígero: A partir de la publicación en medios de todo el país, surgen infinidad de trapacerías de Salvador Oñate –quien recién debutó en la Bolsa de Valores con su banco BanBajío– que muy pocos conocían. Oñate, propietario del monopolio gasero Soni Gas –más de 50 plantas en todo el país, aunque sólo 30 llevan el nombre del emporio y el resto con distintas denominaciones, 15 de las cuales son Gas Urbano, Luxor Gas, Segas, Flamamex, Azteca Gas, Multiregional, Garza Gas, Zugas, Garza Sur, Reyes Gas, Dos mil Gas, Optigas Carburación, Invalle, Trans-Soni y Gas Lorhi del Norte. Cuando menos en cuatro de esas plantas, se ha detectado que están conectadas a los ductos de gas LP de Pemex, en contubernio con funcionarios de la ex paraestatal y con el apoyo del líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps. Además de éste, al monopolio gasero Soni también lo han protegido por más de 22 años, todos los directores de Pemex Gas y algunos directores generales de dicha paraestatal. Y como muestra, un botón: Marco Ramírez, quien fue director de Pemex Gas, así como Miguel Tame –involucrado en el escándalo Oberdrecht– compadre y socio de Romero Deschamps, quienes han protegido a este monopolio gasero, le han ayudado a facturar las 100 mil toneladas que Pemex le vende al monopolio Soni, pero con un descuento que fluctúa del 15 al 30 por ciento. También le entregan 15 mil toneladas más de las 100 mil que pagan y con esas simples trapacerías, Pemex le da a ganar más de 200 millones de pesos de utilidad mensual, lo que es un fraude y daño irreparable al patrimonio de la Nación. Tanto lo quieren, tanto les ha dado a ganar que, cuando alguien le pregunta a los fruncionarios de Pemex por Salvador Oñate, estos le aplauden y dicen que es un gran empresario, con una visión que no tiene ninguno de los demás empresarios que se dedican a la venta de gas LP. Oñate no sólo defrauda a Pemex –a la que también huachicolea–, también defrauda al público consumidor de gas LP porque con la protección de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), a cada cilindro de gas que vende le quita entre 1 y 2 kilos por cilindro. Y ahí tiene una ganancia de 60 millones de pesos mensuales. Todo lo anterior es solamente la punta del iceberg. Ya le daré más noticias al respecto.



Últimas apariciones de Salvador Oñate:


10 de agosto de 2017


Junio de 2017

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