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Chairos, fifís, sirvientas con derechos y pobres al Palacio Nacional
Por Fidel Ramírez Guerra
Todos estamos tratando de identificar el momento país y el rumbo. Estos días estaremos concentrados en el tema del presupuesto: qué tanto con la ideas de Andrés Manuel se puede ahorrar y dónde y cuánto se va a invertir, pero también alrededor hay tres debates: los pobres tienen derecho de ir a Los Pinos y de visitar Palacio Nacional para sus peticiones al presidente; la apuesta del presidente al sur del país y la película Roma, con la extensión de los derechos de las sirvientas.
Y el país sigue entre chairos y fifís.
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Columna de Columnas
Sigue el debate por sueldazos / Los otros problemas de la Corte
Los sindicatos independientes en México son en realidad paleros y botín de caciques: especialistas
El 42 por ciento (1 mil 501 de 3 mil 579) de los sindicatos de trabajadores en México, según cifras oficiales, son independientes (porque no están afiliados a una federación o confederación). Sin embargo, la independencia sindical va más allá de eso. Requiere de procesos democráticos internos que aseguren la participación de la base laboral, sin influencia de intereses políticos y económicos particulares. Pero en México, dijeron sindicalistas consultados, estas condiciones rara vez se cumplen “y los administradores hacen negocios con los sindicatos”.
Ciudad de México, 12 de diciembre (SinEmbargo).- Uno de cada tres sindicatos en México es “independiente”, según los registros de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Pero las libertades colectivas (para organizar sindicatos) e individual (para afiliarse o no) de los trabajadores mexicanos son, en muchos casos, coartadas por la injerencia de grupos mayoritarios con intereses políticos y económicos, destacaron analistas y líderes de gremios independientes.
Con la entrada en funciones de la nueva administración federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) prometió que durante su mandato, el Gobierno “no va a intervenir a favor de ningún grupo” porque “va haber democracia sindical”.
Inclusive, durante su conferencia matutina del 11 de diciembre, AMLO mencionó que luchará para eliminar el “charrismo sindical” (o la presencia de caciques) y a los sindicatos de gobierno (CTM, CROC, CROM, entre otros) a través de una reforma a las leyes “antes de que finalice el periodo ordinario [31 de diciembre de 2018] del Congreso [de la Unión]”.
La independencia sindical implica una estructura en que los dirigentes y la base laboral están organizados, de tal modo que los beneficios se traduzcan en mejores condiciones de trabajo, a la vez que la productividad se ve incentivada. Así, la independencia sindical es garantía de un contrato colectivo que no responde a intereses privados, sino más bien, a intereses colectivos.
De acuerdo con Víctor Ortega, abogado del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad, la independencia de un sindicato parte, en primera instancia, de la falta de pretensiones políticas de los trabajadores; y nace, por contrario, del acuerdo colectivo para impulsar a la gente, y no para controlarla a través de estructuras corporativas.
Un elemento imprescindible de la independencia, explicó el litigante, es el principio de no reelección de los dirigentes, que por un lado asegura la libre competencia dentro de la estructura sindical; y por otro, genera incentivos de participación sindical, sin el agravante de la influencia que ejercen jerarcas y patrones en las organizaciones laborales, ya sea de manera directa (estructural) o indirecta (a través de los diferentes órdenes de Gobierno).
De acuerdo con el Artículo 2 del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) –que ratificó el Senado de la República en septiembre de este año– se consideran actos de injerencia “las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un empleador o una organización de empleadores, o a sostener económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores, con objeto de colocar estas organizaciones bajo el control de un empleador o de una organización de empleadores”.
Cuando la independencia de los sindicatos es cuestionable, el sustento de las libertades laborales, también lo es.
En la actualidad el problema en México es, “sin lugar a dudas, el control político en los sindicatos” y el enriquecimiento ilícito de los dirigentes, dijo a SinEmbargo la doctora María Xelhuantzi López, investigadora del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Para la experta en materia sindical, el sindicalismo independiente es mínimo. Mientras que las cifras oficiales refieren que hay 1 mil 501 sindicatos independientes, la realidad sugiere que son pocas las organizaciones que en verdad están desligadas de centrales sindicales tradicionales como la CTM, la CROC y la CROM, que concentran al 43 por ciento de los sindicatos registrados ante la STPS.
El mayor problema, explicó Xelhuantzi, son los “registros fantasma que se utilizan para extorsionar a patrones y trabajadores”. De este modo, la tasa real de sindicalización nacional –de entre ocho y 11 por ciento, según cifras oficiales– no sólo “es menor al uno por ciento” de la población económicamente activa (PEA) sino que, los sindicatos independientes, en muchos casos, no lo son.
El 1 de mayo pasado, durante la celebración del Día Internacional del Trabajo, representantes de varios sindicatos mexicanos protestaron en Morelos para exigir mejora salarial, más prestaciones económicas y castigo a los políticos que impulsan políticas en detrimento de la clase trabajadora. Foto: Margarito Pérez, Agencia Cuartoscuro.
“En este país, no son más de 10 familias las que controlan cerca del 60 por ciento de los registros sindicales”, lamentó la también asesora del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. “Si el Gobierno realmente quiere dar autonomía y libertad sindical, tiene que empezar con un sistema de fiscalización, con base en los registros locales y federales, para revisar la organización y a los dirigentes”, abundó.
La simulación y el control sindicales, son un grave problema en México. Según Xelhuantzi, “hay una infinidad de membretes, de registros sindicales que se han dado a dirigentes y abogados patronales y sindicales, donde realmente no hay trabajadores” (o los hay pero no saben que tienen un sindicato).
En 2009, por ejemplo, el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal (CEDSDF) advirtió que la contratación colectiva en la capital del país, era “corporativa y de escasa o nula integración de bases”, con “evidencia [de] que la voluntad que domina es la de la dirección sindical”.
Entonces, como ahora, la Ciudad de México concentraba la mayor parte de los sindicatos del país (19 y 37 por ciento en 2009 y 2018, respectivamente). Y entonces, como ahora, la falta de autonomía sindical vulneraba los derechos de los trabajadores.
Casos como el del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad –que acusa hostigamiento y trato discriminatorio por parte de su sindicato nacional– o el del Sindicato Disidente de Bomberos de la Ciudad de México –que este año denunció presiones por parte del sindicato mayoritario de bomberos capitalino para apoyar a políticos de la Delegación Benito Juárez– evidencian lo que también ocurre en todo el país:
“El cáncer de la simulación contractual [que] afecta a porcentajes altos de los contratos colectivos” en la Ciudad de México, permite concluir que el problema “está presente en todas las federaciones sindicales”, reza el aún vigente diagnóstico del CEDSDF.
Inclusive, la crisis sindical se traduce en la actual falta de confianza de la ciudadanía en los sindicatos.
La encuesta nacional “Confianza en instituciones 2018” de Consulta Mitofsky refiere que, de un rango de 0 (nula confianza) a 10 (máxima confianza), los sindicatos tienen una calificación de 5.4 puntos. Es decir, están reprobados.
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“A lo que debería dirigirse el movimiento sindical, en este mundo moderno, es regresar a sus funciones básicas, que es la negociación colectiva. Armar y celebrar contratos colectivos de trabajo, con el consenso de los trabajadores, donde haya vida sindical en los centros de trabajo […] y donde se negocie con la empresa en función de las capacidades económicas”, dijo Xelhuantzi.
Según la OIT, el derecho a la libertad sindical y de asociación “permite a los trabajadores y empleadores unirse para proteger mejor no sólo sus propios intereses económicos, sino también sus libertades civiles como el derecho a la vida, a la seguridad, a la integridad, y a la libertad personal y colectiva. Este principio, elemento integral de la democracia, es fundamental para hacer realidad todos los demás principios y derechos fundamentales en el trabajo”.
EL MONTE DE PIEDAD
Acabar con los denominados “sindicatos blancos” (que defienden los intereses del patrón) y con las prácticas de injerencia patronal y gubernamental en los sindicatos es tan grave en nuestro país que, durante décadas, el Gobierno de Estados Unidos ha presionado al Gobierno Mexicano para que adopte medidas como el del Convenio 98 de la OIT para la libertad sindical.
Este año, en el marco de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el capítulo laboral del acuerdo comercial incluyó un anexo relativo a la representación de los trabajadores en las negociaciones colectivas de nuestro país, para que México se comprometa a efectuar acciones legislativas para garantizar la libertad sindical, según datos de la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).
Mientras tanto, la autonomía sindical continúa secuestrada por viejas usanzas corporativas. Ejemplo de ello es el caso del Sindicato Independiente de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad.
Hace un año y medio, alrededor de 200 empleados del Nacional Monte de Piedad se unieron para formar un gremio independiente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad y de Empresas de Préstamo Prendario.
La escisión se debió a irregularidades por falta de transparencia y democracia sindical, en una organización que ha sido dirigida por Mauro Arturo Zayún González desde hace 18 años.
El Nacional Monte de Piedad es una institución de asistencia privada sin fines de lucro, con 243 años de historia. Esto quiere decir que fue creada con la finalidad de “ayudar a quien lo necesite” a través del préstamo prendario, servicios financieros e inversión social. Foto: Guillermo Perea, Agencia Cuartoscuro.
Incluso, una carta dirigida a AMLO por parte del secretario general del sindicato independiente, Carlos Gerardo Ríos Macías, refiere que él y sus agremiados son “víctimas de discriminación laboral”, ya que el líder del Sindicato mayoritario, en contubernio con los “representantes del padrón”, negoció para desplazarlos de “varias vacantes y beneficios económicos”.
Asimismo, Ríos Macías acusa a Zayún González de “condicionar y amagar a muchos trabajadores para no elegir libremente su opción de representación, a través de sus seccionarles e incondicionales”.
El Artículo 388 de la Ley Federal del Trabajo establece que “si dentro de la misma empresa existen varios sindicatos, el contrato colectivo se celebrará con el que tenga mayor número de trabajadores”. Empero, el Artículo 396 establece que “las estipulaciones del contrato colectivo se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa o establecimiento, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado”.
Además de violar estos y otros estatutos, como el Artículo 4 que establece que “no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona”, las presuntas acciones de Zayún violarían el Artículo 1 del Convenio de la OIT, según el cual “los trabajadores deberán gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo.
Zayún, de acuerdo con el abogado sindicalista Víctor Ortega, tiene pactos con los patrones y con los representantes locales, quienes consienten sus caprichos y deseos por interés. De ese modo, el jerarca sindical negocia 3 millones de pesos anuales, además de las cuotas sindicales; los representantes se llevan su tajada y los patrones se evitan problemas derivados del control sindical.
“A él le dan todo. Él, si quiere violar a una chica, la viola. Si quiere cobrar por un ingreso, lo cobra. Si quiere quedarse con todas las cuotas, se las queda. Es como un dios”, lamentó Ortega.
Los sindicatos, en México, por lo general tienen una estructura vertical, compuesta por un secretario general que se apoya en sus delegados de sección (o regionales) para acordar, o en muchos casos, controlar a los trabajadores de base.
En el caso del sindicato mayoritario del Monte de Piedad, los delegados fungen como “operadores políticos” de Zayún y “no hacen nada más que andar prometiendo favores”. En este respecto, el litigante del sindicato independiente refirió que este corporativismo no debería ser autorizado por ningún empleador, porque “altera la libertad sindical” y propicia favoritismos antidemocráticos y antiproductivos.
Hay dos principales problemas para los sindicalistas independientes.
Uno es que, a pesar de que los trabajadores del Monte de Piedad tienen el derecho de elegir entre dos sindicatos, en realidad no hay opción “porque la empresa está metiendo las manos para favorecer al otro sindicato”. Ello implica la posibilidad de tener mejores prestaciones y horas extra y turnos dobles, derechos que le son negados a los trabajadores que pertenecen al sindicato independiente.
“Hay cerca de 500 vacantes a nivel nacional. Las tareas están siendo cubiertas por los trabajadores con dobletes laborales. Les pagan doble sueldo y les va muy bien. Sucede que, el sindicato actual, que le da órdenes al patrón, presiona para que a los independientes no les permitan dobletear, lo que constituye discriminación laboral. Así limitan el número de personas que pueden o quieren ser parte del sindicato independiente”, explicaron a SinEmbargo Carlos Gerardo Ríos Macías y Víctor Ortega.
En términos de la Ley vigente, Artículo 358, así como “a nadie se puede obligar a formar parte de un sindicato”, tampoco puede obligarse a alguien “a no formar parte de él”.
A pesar de la normatividad, en México no hay procesos legales expeditos que permitan revertir casos como el del sindicato independiente del Nacional Monte de Piedad.
“En temas de discriminación –dijo Ortega– no puedes esperar a litigarlo. El trabajador necesita de una respuesta inmediata. […] ¿Dónde está la autoridad? ¿Sabes qué nos dicen a nosotros? ‘¡Demándame!’ Y los abogados se ríen porque saben que una demanda dura tres años”.
Esto queda corroborado según los argumentos presentados este año por la Diputada morenista María Guadalupe Edith Castañeda Ortiz, durante la presentación de su iniciativa de reforma al Artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, en que plasma que “el tiempo que se lleva en resolver un juicio laboral no ha disminuido. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje no resuelven en los plazos que fija la ley”.
Un segundo problema, es el hostigamiento y la corrupción. Por un lado, dijeron los sindicalistas consultados, “la Ley es un chiste” cuando la rendición de cuentas descansa en partes fiscalizadoras que, a su vez, son las partes a fiscalizar. Y por el otro, las plazas son negociadas de manera discrecional y arbitraria, además que el acoso sexual –en el caso de las mujeres– es una realidad diaria, sea para obtener beneficios, o para conseguir o mantener su trabajo.
Un Tribunal admite amparo del Sindicato de Trabajadores del Senado contra plan de austeridad
Según la Ley federal del Trabajo, Artículo 3, “el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, físicas o ambas”, entre ellas el acoso sexual, es considerado como hostigamiento.
La Ley establece; pero en realidad, no se respeta. Por ello, dijeron los independientes, “el sistema sindical es cuestionable en México; pero el tema del Monte de Piedad es más cuestionable todavía porque cubre una necesidad” social como institución de asistencia privada.
“Esto afecta el servicio a la gente, y por tanto, al consumidor y a los beneficios correlativos”, dijo Ortega. El problema es que el Monte de Piedad “está dirigido por un patronato de nueve personas. No hay un dueño y a nadie le importa lo que pase con el dinero. Y los administradores hacen negocios con los sindicatos”.
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Diseño de nueva política exterior, el mayor reto: Marcelo Ebrard
Marcelo Ebrard reconoció que en América Latina no existe una voz unitaria, por lo que es importante trabajar en una sola dirección, hacia una meta común
15 de diciembre, 2018 Notimex
El canciller Marcelo Ebrard Casaubón participó en la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores del Senado de la República, donde destacó que el mayor reto es el diseño de una nueva política exterior y la necesidad de trabajar conjuntamente para enfrentar los retos globales en materia migratoria, geopolítica y de intercambio comercial.
En el encuentro, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció al Senado de República como la instancia constitucional que tiene facultades para contribuir con el diseño y seguimiento de la política exterior de México y de tratados internacionales que se celebren con países del exterior.
De igual manera, y como parte de las directrices de política exterior, Ebrard Casaubón reconoció que el Pacto para una Migración Ordenada, Segura y Regular es prioridad para México, así como impulsar un acuerdo de inversión y desarrollo en los países del Triángulo Norte de Centroamérica.
Además, el canciller invitó a los senadores a identificar los principales puntos de acuerdo con Estados Unidos para impulsar el diálogo y fortalecer la protección consular de connacionales.
Marcelo Ebrard reconoció que en América Latina no existe una voz unitaria, por lo que es importante trabajar en una sola dirección, hacia una meta común.
Además, destacó el potencial que existe para profundizar las relaciones comerciales con la región Asia-Pacífico, la cual debe verse como un área de oportunidad para el crecimiento del intercambio comercial.
Durante su participación, el canciller también refrendó su compromiso para profundizar el trabajo con los organismos multilaterales, para que ganen prestigio y peso en un mundo con constantes cambios políticos y económicos.
A su vez, subrayó la importancia de contar con una estrategia de difusión cultural en embajadas y consulados, ya que la SRE tiene a su cargo coordinar la presencia y actividad de la promoción directa de México, así como unificar la imagen del país en el exterior.
Finalmente, Marcelo Ebrard Casaubon agradeció a los legisladores su apoyo y reiteró su compromiso para trabajar de manera más fluida con el Senado para fortalecer la presencia de México en el mundo.
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Presenta AMLO su Plan Nacional para la Producción de Hidrocarburos
Con ello, el mandatario busca rescatar a Petróleos Mexicanos; lo acompañan los gobernadores de Campeche, Tabasco y Oaxaca
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Campeche. Foto: Luis Cortés/EL UNIVERSAL
Misael Zavala
Ciudad del Carmen, Camp.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presenta hoy su plan nacional para la producción de hidrocarburos con el que busca rescatar Petróleos Mexicanos (Pemex).
En el puerto marítimo de Ciudad del Carmen, el mandatario dará los pormenores del plan.
El tabasqueño está acompañado de los gobernadores de Campeche, Alejandro Moreno; de Tabasco, Arturo Núñez y de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa.
Este fin de semana, el titular del Ejecutivo Federal realiza una gira por los estados del sureste del país para presentar varios programas.
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El presupuesto refleja plan de rescate del país, señala Padierna
El presupuesto refleja plan de rescate del país, señala Padierna
Roberto Garduño | sábado, 15 dic 2018 08:53
Ciudad de México. El proyecto de paquete económico será entregado hoy por el secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, a la mesa directiva de la Cámara de Diputados en punto de las 17 horas. La fuerza mayoritaria, integrada por los partidos Morena, Encuentro Social (PES) y del Trabajo (PT) pretende aprobarlo en su totalidad antes del 24 de diciembre.
Dolores Padierna, vicepresidenta de la cámara e integrante de Morena, adelantó que la Ley de Ingresos, los criterios generales de la política económica y el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contienen las líneas del plan de gobierno que considera atender las necesidades urgentes de la población: salud, seguridad, educación y servicios básicos. Es fiel retrato de lo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha desglosado como plan de rescate nacional.
A su vez, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Alfonso Ramírez Cuéllar, confió que el documento que presentará Urzúa Macías podría solventarse en lo que concierne a la Ley de Ingresos el martes próximo, y el presupuesto posiblemente sería aprobado el domingo 23 de diciembre.
Así, en el calendario que Morena y sus aliados consideran como plan para sacar avante el paquete económico, resulta en lo siguiente: lunes, comparecencia del secretario de Hacienda ante el pleno cameral y la consecuente aprobación de la Ley de Ingresos en la Comisión del Hacienda; martes, discusión y aprobación de esa ley en el pleno, con la previa dispensa de trámite, y el envío del texto al Senado para su ratificación.
Miércoles, análisis y discusión de la Ley de Ingresos en la Comisión de Hacienda del Senado. Ese mismo día, en San Lázaro la Comisión de Presupuesto procesaría las opiniones y propuestas en torno al proyecto de PEF 2019. El jueves en el pleno del Senado se aprobaría la Ley de Ingresos y continuaría el análisis en la Comisión de Presupuesto del PEF.
El viernes se iniciaría la discusión del PEF en la Comisión de Presupuesto y ésta elaboraría un proyecto de dictamen que aprobaría, a fin de enviarlo al pleno para discusión y aprobación entre el sábado y domingo de la semana próxima.
El paquete económico que habrá de aprobarse incluye en líneas generales para 2019 grandes dotaciones de dinero público comprometidas para el pago de servicio de la deuda por casi 700 mil millones; aumentará el presupuesto para gobernadores y presidentes municipales en 10 por ciento en pago de participaciones. Aumentará a 800 mil millones el pago de pensiones y jubilaciones.
Habrá ahorro en servicios personales, derivado de la política de austeridad; se tendrá ahorro importante pero al mismo tiempo se incrementarán los salarios de los trabajadores (maestros, soldados, policías, médicos, enfermeras): los que ganan menos de 10 mil recibirán 3 por ciento arriba de la inflación, los que reciben entre 10 y 15 mil pesos mensuales tendrán aumento de 2 por ciento y los que tienen salarios de 15 a 20 mil pesos percibirán uno por ciento más arriba de la inflacion.
A su vez, el costo de operación del gobierno se reducirá en mil 300 mil millones de pesos. De las 18 secretarías del gobierno federal, ocho tendrán incremento en el presupuesto y a 10 se les reducirá.
Habrá más de 100 mil millones de pesos para los adultos mayores. El rubro de educación aumentará, al otorgarse 10 millones de becas a estudiantes de todos los niveles.
El presupuesto de Pemex aumentará, con el propósito de que en 2019 crezca la producción de petróleo a un millón 900 mil barriles diarios. Actualmente se producen un millón 500 mil.
En materia de transparencia en el sector energético, el nuevo gobierno no revisará los contratos privados porque las empresas signatarias aún no están produciendo nada. La nueva administración, se dijo a este diario, les va a dar la oportunidad de que cumplan con el contrato, inviertan y produzcan porque no queremos andar en tribunales internacionales defendiéndonos de multas y consecuencias de ese tipo; sin embargo, se va a dar el informe de cada contrato para que la sociedad sepa lo que está pasando con los contratos entregados a privados.
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Excélsior
Función Pública pide a empresarios bajar altos salarios
Siguiendo la línea de la ‘austeridad republicana’, la titular de la Secretaría de la Función Pública, instó a la iniciativa privada a bajar los altos salarios sin cuestionar las ganancias de las empresas
CIUDAD DE MÉXICO
La secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, llamó a la iniciativa privada a bajar los altos salarios de sus empleados para que se ajusten a los del servicio público; asimismo, al presentar a los senadores su plan de trabajo, dijo que la Secretaría fomentará que los servidores públicos se vuelvan "alertadores" contra la corrupción.
López Obrador propone que UNAM recomiende salarios del Poder Judicial
En su primera reunión con las comisiones de Gobernación y de Anticorrupción del Senado, señaló que "la nueva ética pública" del Estado mexicano debe marcar "criterios básicos de la justicia social" en los ingresos y honorarios, y no "el mercado".
Yo creo que, así como desde el Poder Ejecutivo estamos invitando a los otros poderes a analizar y sumarse a alguna política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios.
Esto no quiere decir poner en riesgo ni meternos en la discusión de las ganancias, nadie dice que no haya derecho a que, en un sistema de mercado, en un sistema capitalista, las ganancias bajen o se mermen, pero los salarios del mercado o los ingresos del mercado quizá sí se tendrían que ajustar", consideró.
De acuerdo a la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos nadie podrá ganar más que el presidente, 108 mil pesos mensuales, en la administración pública.
No tenemos por qué brincar desde el Estado, los funcionarios, los senadores, los jueces y los magistrados a llegar a los salarios del mercado; más bien los salarios del mercado, los honorarios y los ingresos del mercado tendrían que ajustarse a nueva moralidad y a una nueva ética pública de salarios justos, no mediocres, no mermados, no reducidos, pero justos.
Y que entonces caminemos juntos para que los recursos públicos se entreguen al desarrollo y las ganancias privadas también se entreguen a las ganancias y desarrollo", expuso.
Alertadores internos
Sandoval presentó su plan de trabajo para "relanzar" la operación de la Secretaría de la Función Pública. En cinco ejes, dijo que apostarán por fomentar y proteger la denuncia ciudadana y de servidores públicos en contra de la corrupción, a quienes denominaron " los alertadores internos".
Eso nos obliga a tener leyes de protección y auspicio a los alertadores internos, que protejan con normatividad laboral, con normatividad de derechos fundamentales y con todo tipo de normas. Estas quejas confidenciales o esta información confidencial, que no anónima, que se ofrece contra funcionarios públicos, políticos y empresarios que delinquen o que malversan fondos. Entonces, los llamados whistle lords, que es una mala traducción, el que da el silbato, el que da el toque de alerta, los whistle lords, nosotros los hemos bautizado como alertadores internos ciudadanos; van a tener en esta Secretaría de la Función Pública la normatividad necesaria para apoyarnos en el combate a la corrupción." , explicó.
Eréndira Sandoval señaló que la Función Pública va a "ciudadanizar" su operación para vigilar prácticas "corruptas irregulares" y "democratizar sus tecnologías" para ponerlas al alcance de los ciudadanos para prevenir y combatir a la corrupción.
También garantizó que la política del Servicio Profesional de Carrera cambiará, premiando el mérito, la honestidad, el trabajo en beneficio de la sociedad sin "volver a discriminar ni por género, ni edad, universidad de origen, ideología ni filiación política en la a administración pública federal".
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Presupuesto 2019: ¿milagro fiscal o desastre de fin de año?
Este fin de semana, el presidente López Obrador presentará su plan presupuestal para el año entrante, por lo que los mercados permanecen pendientes pasa saber cómo
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Nerviosos tenedores de bonos pondrán sus ojos este fin de semana como nunca antes sobre el presupuesto de México para determinar si el presidente Andrés Manuel López Obrador es capaz de impulsar mayor gasto social, recortes de impuestos y costosos proyectos petroleros sin aumentar la deuda.
El sábado 15 de diciembre, López Obrador remitirá a legisladores el presupuesto a ejecutar en 2019, con los mercados pendientes de cómo compaginará su compromiso de disciplina fiscal con una larga lista de promesas de campaña.
Si no logra convencer al mercado de que tiene un plan de ahorro para financiar programas de asistencia social y nueva infraestructura, podría profundizar la venta de activos financieros mexicanos y poner al país en la ruta de rebajas de calificaciones crediticias en 2019, dijeron inversionistas y analistas.
"Estamos ante una encrucijada en donde la ejecución va a ser tan importante como los números mismos", dijo Andrew Stanners, gerente de fondos de mercados emergentes para Aberdeen Standard.
El gobierno debe demostrar que está listo para controlar el gasto si sus planes de ahorro no resultan como lo espera, agregó Stanners.
Durante las últimas dos décadas, los mercados globales le han dado la bienvenida a tecnócratas mexicanos capacitados en Estados Unidos, que han respaldado políticas ortodoxas y que se han arrojado a una ola de inversiones para construir uno de los mercados de bonos en moneda local más líquidos del mundo.
Pero López Obrador ha prometido una ruptura radical con esa era, que ha descrito como "neoliberal" y a la cual culpa de la corrupción generalizada en la segunda economía más grande de América Latina.
El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ha prometido un presupuesto con un superávit primario de alrededor del 1 por ciento, excluyendo pagos de la deuda, mientras que su segundo a bordo, Arturo Herrera, dijo que el gobierno usaría estimaciones económicas conservadoras para acometer su plan.
La principal pregunta es cómo lograrán ahorros suficientes para financiar planes para impulsar ayudas a jóvenes desempleados y ancianos, además de los principales proyectos para construir una nueva refinería de petróleo y dos líneas de ferrocarril en el sur del país.
El equipo de López Obrador ha tratado de calmar los nervios de inversionistas internacionales. Sin embargo, los rendimientos de la deuda se han disparado desde fines de octubre, luego de que anunció la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), un proyecto de 13 mil millones de dólares que estaba parcialmente construido.
A medida que el peso se hundía tras la decisión, López Obrador declaró que la democracia, no los mercados, gobernaban México.
Creer en los números
Respaldado por su partido Morena, que tiene la mayoría absoluta en el Congreso, López Obrador está en mejor posición para hacer recortes más audaces en gastos discrecionales en comparación con sus antecesores.
"Necesitamos que estos presidentes de brazo fuerte tomen decisiones difíciles como esta", dijo Aaron Gifford, analista de mercados emergentes de T. Rowe Price, y agregó que el presidente es un "fanático" del recorte de gastos.
López Obrador obtuvo el triunfo frente a sus opositores, en buena parte, con la promesa de ahorrar miles de millones de dólares y combatir la corrupción en el país.
El nuevo presidente comenzó su estrategia con el anuncio de recortes salariales a altos mandos del sector público, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) congeló temporalmente la propuesta, lo que plantea dudas sobre su margen de maniobra, según analistas.
También quedan preguntas sobre el costo de su plan para reducir el impuesto al valor agregado y al impuesto sobre la renta a lo largo de la frontera norte de México, que espera frene la migración a los Estados Unidos mediante la creación de nuevos empleos.
Los analistas del sector privado calculan que los recortes de impuestos podrían costar alrededor de 120 mil millones de pesos (6 mil millones de dólares).
Si las ganancias que estima la administración por la reforma fiscal superan las estimaciones de crecimiento, el mercado y las agencias calificadoras podrían verlas como poco realistas y reaccionar negativamente.
El jueves, López Obrador dijo que varias instituciones de su Gobierno recibirían un gasto más alto, como el ejército, que por más de una década ha intentado erradicar la creciente violencia generada por grupos criminales, ante la debilidad de las policías.
Más allá de las reducciones salariales, el mandatario no ha anunciado de dónde vendrán los recortes presupuestales. Eso requerirá un mayor escrutinio del presupuesto.
"No creo que el mercado vaya a creer completamente la responsabilidad fiscal de la administración de López Obrador hasta que haya visto su ejecución", dijo Ernesto Revilla, jefe de economía de América Latina para Citigroup. "Nadie va a apartar los ojos de México, aun si el presupuesto se ve bien".
