Síntesis Nacional


Foto del día: El próximo 15 de enero se firmarán los contratos de infraestructura y los de perforación de pozos petroleros, el 31 del mismo mes, informó el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero



Editorial Centenarios-Kiosco de la Historia

Agencia de Información Especializada

____________________________________________________________________________________________________________________________________________


Apoyo


Fiscalías estatales y entes civiles buscan vías alternas para tratar de enjuiciar políticos corruptos

Mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado en múltiples ocasiones que durante su administración federal no habría persecución política a los políticos corruptos del pasado, organizaciones civiles y legisladores emprenden ya acciones y analizan la manera en cómo avanzar para llevar ante la justicia a ex presidentes, como Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, además de a ex gobernadores, como el priista César Duarte Jáquez.

La Haya acepta demanda contra EPN por “corrupción sistemática” y “crímenes de lesa humanidad”


Ciudad de México, 16 de diciembre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha aludido a la política de “punto final” para justificar su negativa a juzgar a ex funcionarios, a pesar de que una franja amplia de sus electores ha pedido aplicarles el peso de la Ley. Esta decisión ha provocado que en las fiscalías estatales y desde la sociedad civil se emprendan acciones para llevar a juicio a políticos acusados de desvíos de recursos públicos y corrupción.


En la última década se fortaleció la percepción de impunidad para mandatarios, sobre todo por los casos de los ex gobernadores que hoy están prófugos (César Duarte Jáquez) o que enfrentan penas mínimas en prisión (Javier Duarte de Ochoa y Roberto Borge Angulo).


Estas acciones han derivado en un encono de la sociedad civil, la cual está dispuesta a ir más allá de las leyes mexicanas. El pasado 6 de diciembre, la Corte Internacional de Justicia de La Haya aceptó la demanda contra el ex Presidente Enrique Peña Nieto, quien dejó el cargo el 1 de diciembre.


El avance del caso de Enrique Peña Nieto en La Haya se mide con el proceso que el chileno Augusto Pinochet enfrentó en el mismo tribunal. Con la demanda interpuesta por la organización Congreso Nacional Ciudadano, el ex Presidente podría convertirse en el primer mandatario mexicano en ser juzgado por crímenes de lesa humanidad y corrupción sistematizada.


Y no sólo es Peña, en noviembre de 2011, el abogado Netzaí Sandoval presentó una demanda contra Felipe Calderón Hinojosa siendo todavía Presidente. También fue por crímenes de lesa humanidad y se entregó con un respaldo de 23 mil firmas. El caso se integró por 470 casos documentados de asesinatos, torturas, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores. El contexto de México era el de 50 mil personas asesinadas, 230 mil desplazados y 10 mil desaparecidos.


Siete años después, aún no se tiene alguna respuesta.


El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió en su discurso del 1 de diciembre poner “punto y final” a los casos de corrupción pública y no perseguir a funcionarios del pasado. Foto: Saúl López, Cuartoscuro.


Emilio Álvarez Icaza, Senador independiente, explicó que la búsqueda de justicia no se concentra en llevar a alguien a la cárcel, sino en acabar con la impunidad de quien comete delitos.


“Lo importante es llevar a juicio o llevar ante la justicia a quien lo merezca. No creo que nos toque decir ‘cárcel a Peña’. En las reglas del debido proceso está la intención de que se enfrente a la justicia y que se le juzgue. Si el resultado es que esté en la cárcel entonces será. Tiene que enfrentar la justicia, tanto el ex presidente como a quien se requiera. Ahí ya están las denuncias en contra de los actos de corrupción en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, incluido Ruiz Esparza. Si eso lleva al ex presidente Peña, lo llevará. El tema es que enfrente la justicia”, señaló.


En entrevista con SinEmbargo, Gilberto Lozano, representante de la organización Congreso Nacional Ciudadano, comentó que fue la inacción de los diputados y la “complicidad” de la Procuraduría General de la República (PGR) las que dieron el marco de antecedentes para recurrir a la Corte Internacional Penal, con sede en La Haya, Holanda.


“La oficina está analizando las acusaciones identificadas, con la asistencia de otra comunicación relacionada y otra información disponible. El propósito de este análisis es evaluar si, sobre la base de la información disponible, los presuntos delitos están dentro de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y, por lo tanto, justifican la apertura de un examen preliminar de la situación”, informó la Corte el pasado 6 de diciembre.


El abogado enmarca esta demanda en un posicionamiento ciudadano se hacer valer el dicho de que “nadie estará por encima de la Ley”.


“En ninguna parte del mundo se ha erradicado la corrupción dando inmunidad o dejando los casos en la impunidad. Eso es absurdo. En ese contexto, a pesar de Andrés Manuel, se abre este camino de organismos internacionales para que Peña Nieto pague por sus presuntos delitos”, señaló.