Síntesis Nacional

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Foto del día: El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió este viernes al Senado de la República sus propuestas para comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La Secretaría de Gobernación envió los oficios con los que remite las propuestas al Senado para comisionado del IFT a Ramiro Camacho Castillo, mientras que para la Cofece a Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín. (El Financiero)


Editorial Centenarios-Kiosco de la Historia

Agencia de Información Especializada



Columna de Columnas

Prioridades de AMLO dominan la agenda del Congreso / La sociedad y sus enemigos

02/2/2019


Prioridades de AMLO dominan la agenda del Congreso

Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión también arranca la agenda legislativa promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrados, misma que contempla la creación de la Guardia Nacional, La Reforma Educativa, la Ley de Austeridad Republicana, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la revocación de mandato, entre otros muchos temas. En el Excélsior, el periodista especializado en temas parlamentarios, Francisco Garfías, escribe que: “arrancó ayer el periodo ordinario de sesiones. La Agenda Legislativa de la aplanadora de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión está conformada por las prioridades del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por delante va la Guardia Nacional. Su creación requiere reformas constitucionales. Pasó en la Cámara de Diputados con cambios cosméticos para simular que el mando lo tendrían los civiles. Pero, salvo en lo administrativo, que queda bajo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública […] AMLO hizo pública su molestia por la decisión de los diputados de quitar el artículo transitorio que legalizaba la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto se consolida la Guardia Nacional […] Las reformas para crear la Guardia Nacional necesitan una mayoría calificada de senadores (86 de 128.) El PAN, 24 senadores, mantuvo su postura en contra. El PRI, 14 senadores, endureció la suya para vender caro su amor. A Morena le bastaría que el MC –ocho senadores, si sumamos al expriista Noé Castañón– , y a algunos de otras bancadas, les dieran ganas de ir al baño a la hora de la votación para salirse con la suya. Al PVEM, seis senadores. Los morenos los tienen en la bolsa. Lo mismo que al PES, cinco, y al PT, seis. Con Miguel Mancera, jefe de los cinco del PRD, se puede negociar. No así con el independiente, Emilio Álvarez Icaza. Otro tema importante en la agenda son las modificaciones al Artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de ‘delitos graves’ que ameritan ‘prisión preventiva oficiosa’. A esta categoría se incorporan el robo de combustibles –la guerra del Presidente al huachicol–; la corrupción –compromiso de campaña– y los delitos electorales. La bronca es que a las ONG’S que defienden derechos humanos se les pusieron los pelos de punta. La iniciativa choca frontalmente con la presunción de inocencia, que apenas en 2008 fue elevada a rango constitucional. Impone un castigo por adelantado a los acusados de delitos graves. Es cierto, el hartazgo por la impunidad, pero el ‘populismo penal’, como lo llamó la revista Nexos, no va a resolver ese tema. La Reforma Educativa, la Ley de Austeridad Republicana, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la revocación de mandato, completan, entre otros muchos temas, el menú del periodo de sesiones que concluye el 30 de abril”.


La sociedad y sus enemigos

En Milenio, el columnista Liébano Sáenz, escribe que: “la sociedad tiene enemigos; han estado contra ella desde siempre. Son aquellos que con su conducta conspiran contra los derechos fundamentales de las personas y contra las libertades que nos son comunes a todos. No es, pues, algo nuevo; siempre ha habido criminales, aunque no siempre se les ha tratado de la misma manera. Se dice que el grado de civilidad de un país se mide por el trato que concede a sus delincuentes. Hoy en día, frente a la gravedad de los daños sociales ocasionados por la delincuencia, los modelos nacionales de atención al problema tienen que partir del imperativo de que la sociedad requiere de protección, y esa es la razón del Estado. A lo largo de la historia, la base más elemental de la justicia penal ha sido la venganza. Es primitiva, y no atiende a lo fundamental. En esa perspectiva, quien la hace la paga y por eso más vale que sea el Estado el que la cobre. Dejarlo al agraviado entraña riesgos, como el exceso en la acción reivindicatoria del daño o que no se tengan garantías de una justa defensa. Por eso la civilidad se ha acompañado de las garantías del debido proceso. Es fácil acusar, más difícil es probar, y todavía más es llegar a la sentencia mediante una justicia imparcial y rigurosa. La justicia es imperfecta, pero mucho más su ausencia. Estimo que el problema principal que tiene nuestro país, entre muchos otros, se relaciona con la incapacidad del Estado para proveer justicia, especialmente la de carácter penal. Una sociedad indefensa o impotente frente a quien le hace daño queda expuesta y genera incentivos perversos, como es la justicia bajo propia mano o el sometimiento del conjunto al más fuerte, al más violento, al más decidido a dañar y perjudicar. Considero que el humor social de los pasados años tiene que ver con una realidad y una percepción que potenciaron el enojo y el rencor de muchos mexicanos. La realidad deriva de un hecho incontrovertible: la elevadísima impunidad que existe en muchos ámbitos de la vida social; la percepción, que las autoridades –de todos los poderes y órdenes de gobierno– no solo eran incapaces para proveer justicia, sino que participaban de una o de otra manera, por acción o por omisión, por impotencia o incompetencia, en las conductas delictivas. Como muchos mexicanos, comparto la manera como la política disruptiva, particularmente la del proyecto de López Obrador, ha hecho de la denuncia un ya basta a la situación. Me aparto, sin embargo, de su visión, narrativa y respuesta a la actividad criminal. Considero que para ello es fundamental diferenciar los hechos de las percepciones; además, es sumamente riesgoso formular denuncias genéricas y no actuar en la justicia específica cuando se tiene todo el instrumental del Estado para hacerlo. Bajo ningún estándar es permisible, sensato y constructivo denunciar y simultáneamente perdonar, como tampoco asumir que quien delinque lo hace por necesidad. Estimo, también como muchos mexicanos, que no se puede transitar por el peligroso camino de la absolución anticipada, ante nadie, pero sobre todo frente a los criminales más perniciosos. La lucha contra la impunidad demanda de acciones ejemplares frente a los enemigos de la sociedad por igual, sin excepción, lo mismo quienes crean situaciones de violencia en las comunidades, quienes extorsionan, quienes trafican con droga, que ex funcionarios que se hayan beneficiado indebidamente del cargo. Como lo ha dicho quien ahora es Presidente de la República, se trata de barrer la corrupción y la impunidad en todos los órdenes, de la manera más efectiva, de arriba hacia abajo. El país exige justicia; abatir la impunidad es el mejor camino para la certeza de derechos y, especialmente, para la reconciliación social implícita en el actual programa político o la llamada cuarta transformación. El camino es actuar proactivamente y con determinación frente a quienes con su conducta amenazan a la sociedad, estén donde estén, sin importar jerarquía o condición. El sistema de justicia se vuelve fundamental en estos tiempos. También una nueva actitud hacia la ley por parte de todos. No solo es cuestión de valores éticos, es de cumplimiento con lo que determina la norma. Caricaturizar al pasado desde la arenga política, sirve para legitimar al presente, pero no aporta por sí misma solución alguna, y lo que se requiere, una vez consolidado el consenso en torno al gobernante, es la eficacia para responder a la expectativa ciudadana con resultados que no requieran de retórica o explicación. El presidente López Obrador no solo cuenta con niveles inéditos de respaldo, también en la sociedad hay un mayor optimismo, aunque el enojo al pasado persiste y mantiene expectativas generalizadas y en ocasiones desproporcionadas. En las formas ya ocurrió la transformación, no en los resultados. Por eso es deseable que el gobernante asuma que el cambio necesariamente transita en la atención del principal anhelo de los mexicanos frente a sus enemigos: justicia”.


Legítimos

En Reforma, el escritor Jorge Volpi, escribe que: “lo primero que conviene afirmar es que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es uno de los más ineficaces, torpes y burdos de nuestro continente. Con su autoritarismo, su barbarie y su ceguera ideológica, a lo largo de estos años parece haberse empeñado en destruir por completo al país, sumiéndolo en una crisis humanitaria sin precedentes, motivo de una migración inusitada de ciudadanos de todos los sectores de la sociedad, desde los más ricos hasta los más desfavorecidos. Con su terquedad y su pasmo, aniquiló el propio sueño bolivariano de Hugo Chávez, su mentor, al provocar que la pobreza y la desigualdad se incrementasen como nunca. De ahí que incluso dentro de su propio partido haya tantas muestras de descontento, solo equilibradas por el terror a perder el poder y a que la corrupción de las nuevas élites salga a la luz. Su triunfo en las elecciones de 2013, por poco más de un punto porcentual, fue ya ampliamente cuestionado, pero es sobre todo a raíz de las elecciones legislativas de 2015 que su deriva dictatorial se vuelve más drástica cuando impulsa un golpe de Estado mediante el cual el Poder Judicial, integrado por incondicionales suyos, elimina las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y promueve una Asamblea Nacional Constituyente para suplantarla. A partir de entonces, Venezuela vive en un estado de excepción que no puede equipararse en ninguna medida con un sistema democrático. Las elecciones presidenciales de 2018, boicoteadas por la oposición, volvieron a concederle a Maduro un triunfo a todas luces ilegítimo. Es en este contexto que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se erige hace unos días como “presidente encargado”. Con rapidez, los gobiernos de Trump, Bolsonaro y otros países latinoamericanos -casi todos con regímenes de centro o de derecha- se apresuraron a reconocerlo. Los antiguos aliados de Chávez, Cuba, Bolivia o Nicaragua, han sido los únicos en mantener su apoyo irrestricto a Maduro, mientras que México y Uruguay han tomado una postura moderada, de llamamiento al diálogo entre las partes. Resolver una crisis constitucional de esta magnitud no es tarea sencilla y la posibilidad de que estalle la violencia no es remota. Desde el golpe de Estado judicial de 2015, Venezuela no puede considerarse un régimen democrático y, por tanto, Maduro no es un Presidente legítimo. Pero Guaidó tampoco cuenta con el respaldo constitucional, de modo que su reconocimiento internacional es un acto político complejo. En esta medida, la posición de México suena razonable: intentar una instancia de mediación con Uruguay, por compleja que ésta sea, sobre todo teniendo en cuenta que, si Guaidó cuenta con el apoyo de numerosos países, Maduro aún tiene de su lado al Ejército. Ello no quiere decir, sin embargo, que la resurrección de la Doctrina Estrada sea motivo de celebración. Defendida sobre todo durante el largo régimen autoritario del PRI, ésta siempre fue un pretexto para evitar todo cuestionamiento exterior invocando la no intervención en asuntos internos de otros países. Una cosa es que México opte por no imitar a Estados Unidos o Brasil, tratando de articular una vía de mediación, y otra que no exprese una posición clara sobre las incontables violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el régimen de Maduro. No deja de resultar paradójico que Andrés Manuel López Obrador, quien en 2006 se declaró a sí mismo Presidente legítimo, parezca querer preservar una suerte de neutralidad ante Guaidó. Cuesta imaginar qué hubiese ocurrido en México si, en ese momento crucial, una avalancha de países lo hubiese reconocido frente a Calderón. La mesura en el tratamiento de la crisis constitucional venezolana es polémica pero no carente de razones, no así la tibieza que le impide a México denunciar los atropellos a la democracia que López Obrador tanto denunció cuando él fue víctima de un atropello semejante”.


La “favorita” de Palacio

En El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: “el título de esta columna, que podría confundirse con el de la exitosa película inglesa-americana nominada este año al Oscar y que será la gran competencia para la mexicana Roma al tener también 10 nominaciones al codiciado premio de Hollywood, no alude a ninguna princesa o consorte de algún palacio real, sino a la terna que ayer envío el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya a la ministra saliente, Margarita Luna Ramos, que termina su encargo este 18 de febrero. Y es que en esta terna, a diferencia de la que envío el 11 de diciembre de 2018, y de la que resultó electo el actual ministro Juan Luis González Alcántara, no queda duda, en automático y a simple vista, de quién de las tres juristas nominadas es la “favorita” del Palacio Nacional. Al repetirse en el conjunto de nombres postulados por López Obrador dos de las mujeres que ya rechazó en diciembre el Senado, el de la doctora Loretta Ortiz y el de Celia Maya, la primera ex diputada de Morena y abogada especialista en derechos humanos, y la segunda ex candidata también de Morena a la gubernatura de Querétaro, ex jueza y magistrada, ambas rechazadas en su momento por la bancada de oposición con el argumento de su militancia política en el partido gobernante y su cercanía con el presidente; está claro que es el tercer nombre el que le interesa que se apruebe al presidente. La magistrada Yazmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, tiene todas las cartas credenciales y la experiencia para aspirar a ocupar una silla en la Corte. Doctora en Derecho con más de 30 años de experiencia, en los cuales ha sido juzgadora a nivel federal y en la Ciudad de México, también actualmente presidenta de la Asociación Nacional de Magistrados de los Tribunales Administrativos y secretaria de la Asociación Mexicana de Juzgados y vicepresidenta de la Asociación de Doctores en Derecho. Y sin embargo, con tantos cargos y trayectoria, lo que más destacaban ayer los medios tras su postulación es que es “esposa del empresario proyectista y asesor del presidente López Obrador, José María Rioboo”. ¿Su matrimonio la inhabilita? Legal y constitucionalmente no; pero políticamente está claro que la magistrada Esquivel tiene también una cercanía y una afinidad política con el proyecto político del actual gobierno, algo que por lo demás tienen y han tenido al ser postulados la mayoría de los actuales ministros de la Sala Superior de la Suprema Corte. Muy pocos ministros, si no es que ninguno, pueden presumir una pureza total como juristas; aunque al final, lo cierto es que a los integrantes de la Corte no se les debe juzgar por su independencia y autonomía al momento de entrar en una terna —a donde casi todos llegan por el guiño, la afinidad o la simpatía que les tiene un presidente— sino por qué tan autónomas e independientes de los intereses políticos, empresariales o de cualquier otro tipo, son sus decisiones y sus votos al momento de definir la constitucionalidad de leyes o acciones de los poderes, instituciones y gobernantes. Por supuesto que el presidente López Obrador busca que la nueva ministra que sustituya a la conservadora Margarita Luna Ramos represente un voto más y un asiento en la Corte afín a su proyecto, en busca de consolidar una mayoría de ministros como la que ya se perfiló en la reciente elección del actual presidente de la Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Pensar que no es así sería ingenuidad. En ese sentido la designación de la magistrada Esquivel Mossa se vuelve estratégica en el indiscutible plan de AMLO para tener mayor control sobre la Corte. Pero la realidad es que Morena y sus aliados no tienen los votos suficientes para lograr la mayoría constitucional de dos terceras partes del Senado que apruebe el nombramiento de la nueva ministra y, en ese sentido, volverá a estar a prueba la operación del coordinador Ricardo Monreal en momentos en que el tema se le junta en el periodo ordinario que comienza con la atorada Guardia Nacional en donde los morenistas no logran aún convencer a los senadores de la oposición, especialmente del PRI y del PRD, que podrían darles los 15 votos que les faltan para sacar la urgente Guardia que quiere el presidente para su estrategia de seguridad. En el cine, “La Favorita” de Yorgos Lanthimos habla de las disputas de dos damas de la Corte de la Inglaterra de 1707 por ganarse el favor de la Reina Ana de Gran Bretaña, última monarca de la casa de los Estuardos. Y la duda es si esta gran cinta podrá desbancar a la mexicana Roma de Alfonso Cuarón a la que le disputa las principales categorías. En la política y en el Senado, la trama es ver si el nuevo ministerio entra en un paquete de “negociaciones políticas” que están buscando desde el gobierno y la bancada de Morena en el Senado donde el tema de la Guardia Nacional y la nueva ministra de la Corte serán las prioridades del grupo gobernante. Y la pregunta es si ¿pasará Yazmín Esquivel el filtro de las bancadas de oposición que sí le dieron su voto al ministro González Alcántara, a pesar de la estigma que, no sin algo de machismo y misoginia, le pondrán a la magistrada como “esposa” del polémico ingeniero Rioboo?”.


Focos rojos

En el Excélsior, su columna de trascendidos, Frentes Políticos, asegura que: “algunas carreteras se encuentran bloqueadas y los criminales aprovechan sus recursos para enviar mensajes al gobierno. La colocación de material explosivo en la refinería de Salamanca debe ser la gota que derrame el vaso. Por ello, se reforzará la vigilancia con elementos castrenses. Beatriz Hernández, alcaldesa de Salamanca, comentó que, si antes había coordinación, ahora hay más con las diferentes autoridades. Afirmó: “sé que ahora va a estar la Marina con nosotros y que se va a intensificar la seguridad en nuestro municipio”. Librar esta batalla no es cosa fácil, eso se sabía. Así que ni un paso atrás”.


Enojos militares

En Milenio, su columna de trascendidos Trascendió, asegura que: “ahora sí hicieron enojar al almirante Rafael Ojeda, quien subió el tono cuando los legisladores hablaron de ‘militarización’ del país y les respondió, con manotazos en la mesa incluidos, que mientras a ellos nadie les reclama nada, la Marina y el Ejército son los que ponen los muertos, reciben las críticas y respetan los derechos humanos. Los titulares de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, y de Seguridad, Alfonso Durazo, más diplomáticos que su compañero pero en la misma línea, consideraron ‘ofensivo’ que se hablara en esos términos de la Guardia Nacional”.


La Favorita

En el diario Reforma, su columna de trascendidos Templo Mayor, asegura que: “esta historia se llama ‘La Favorita’ y cuenta una encarnizada lucha entre mujeres por estar cerca del poder… y no, no estamos hablando de la película con ese título que está nominada a diez Óscares y que se estrenó este fin de semana en México. El tema en cuestión es la terna que envió Andrés Manuel López Obrador al Senado para elegir a quien será la nueva ministra de la Suprema Corte en sustitución de Margarita Luna Ramos. Por un lado, repiten como nominadas Loretta Ortiz y Celia Maya, quienes cargan con el hecho de haber participado políticamente con Morena y se quedaron al margen en diciembre, cuando el Senado eligió a Juan Luis González Alcántara como ministro para suplir a José Ramón Cossío. Por el otro, aparece Yasmín Esquivel, sin filiación morenista pero multiseñalada por ser esposa del constructor favorito y asesor de López Obrador, José María Riobóo. Y es justamente a Esquivel a quien aquellos que se dicen bien enterados de lo que ocurre en Palacio Nacional marcan como “La Favorita” en un proceso en el que hay de dos sopas: o las dos aspirantes morenistas, o la que representa un alto riesgo de conflicto de interés. ¡Qué dilema!”.


Escudo de protección para AMLO

En El Universal, su columna de trascendidos Bajo Reserva, asegura que: “durante la gira de este viernes a Tabasco, su tierra, fue evidente el reforzamiento de la seguridad perimetral del presidente Andrés Manuel López Obrador. El operativo de los elementos locales se dio un día después de que el tabasqueño recibiera una amenaza de un grupo criminal de huachicoleros que opera en Guanajuato. Sin embargo, nos adelantan, el equipo de Palacio Nacional prepara para la próxima semana una estrategia de protección mucho más robusta. ¿De qué le hablamos?, se preguntará usted. Nos adelantan que el jefe del Ejecutivo realizará una gira a la ciudad de Iguala, Guerrero, y ahí se verá un despliegue fuerte pero discreto de seguridad. Se trata de una zona caliente, dominada por otro grupo criminal dedicado al narcotráfico. Habrá, nos aseguran, un buen escudo de protección para una gira que será por la vía terrestre, relacionada con la entrega de becas para las familias del programa social Bienestar”.

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Principales Nacionales:

Nominan a esposa de Riobóo a la Corte / Solo 42 sentenciados por ‘huachicoleo’ en 13 meses

02/2/2019


En el Reforma: Nominan a esposa de Riobóo a la Corte. En la terna para Ministra de la Corte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a Yasmín Esquivel Mossa, actual presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la CdMx y esposa del contratista José María Riobóo.


En El Universal: El gasto de gasolina por auto subió $2 mil en 2018. El desembolso por año pasó de 12 mil 816 a 14 mil 830 pesos.


En Milenio: Solo 42 sentenciados por ‘huachicoleo’ en 13 meses. Pemex presentó ante la PGR 13 mil 560 denuncias, por las que 2 mil 344 personas fueron detenidas; no obstante, menos de 2% terminó en prisión.


En el Excélsior: ‘México enfrenta una emergencia’: Alfonso Durazo. En una reunión en el Senado, el secretario de Seguridad federal dijo que sólo la Guardia Nacional tendrá la fuerza suficiente para enfrentar al crimen organizado.


En La Jornada: AMLO: el gobierno, de austeridad republicana a pobreza franciscana. El Presidente pone en marcha en Tabasco el proyecto Sembrando vida. Cultivar el agro y crear empleos, fórmula contra la violencia, destaca.


En La Razón: Guaidó a AMLO: diálogo, sólo para que se vaya Maduro. En una carta le dice que participarían en negociaciones para acordar el traspaso del poder; pide al Presidente reconsiderar y dejar la neutralidad.


SECUNDARIAS NACIONALES:


En el Reforma: Costará 4 mil mdp liquidar Fibra NAIM. Devolver el dinero a las personas que invirtieron en la Fibra ligada al aeropuerto de Texcoco costará por lo menos 4 mil millones de pesos.


En El Universal: Gobierno cede a los caprichos de le CNTE. Les dará contrataciones y bonos extraordinarios, pese a que, esta noche, mantenían cerradas las vías del ferrocarril.


En Milenio: Remesas terminan 2018 en nivel récord pese a Trump. Las divisas que ingresaron a México ascendieron a 33 mil 480 mdd.


En el Excélsior: Lanzan estrategia contra violencia de género en el Metro. El gobierno de la Ciudad de México instaló unidades móviles del Ministerio Público (MP) en cinco estaciones.


En La Jornada: Ofensivo, decir que México será militarizado: Ejército y Marina. Demandan en el Senado dejar de lado simulaciones y avalar la Guardia Nacional.


En La Razón: Incumple la CNTE y retoma bloqueos en Michoacán. La reunión fue provechosa y productiva para resolver demandas, coinciden la SEP y Silvano Aureoles; Sección 18 de la Coordinadora incumple su palabra de desalojo.


Con información de SinEmbargo.

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Columna nacional recomendada

La Teoría del Caos

Insostenible Ebrard en la cancillería, posición con Maduro compromete al gobierno de AMLO

Los Malosos 2/2/2019


Por: Hugo Páez


Sin ser un entusiasta del chavismo y de Nicolás Maduro, la posición de Marcelo Ebrard Casaubón en la Secretaría de Relaciones Exteriores se torna insostenible en el futuro de las relaciones internacionales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Latinoamérica, América del Norte y Europa.


Marcelo es la cara visible de la posición de México en la crisis humanitaria de Venezuela.


Navegó a contracorriente de las democracias del continente y Europa, pero sobre todo contaminó la presunta neutralidad de México al proponerse junto con Uruguay de Tabaré Vázquez Rosas como virtuales conjurados con Maduro para una salida de diálogo, que recibió el rechazo exprés del presidente de la Asamblea Nacional Bolivariana, Juan Guaidó, nombrado Presidente Encargado.


De sostenerlo en la cancillería, las consecuencias para López Obrador serán desastrosas en geopolítica. El apoyo a Maduro arrinconó a México junto a dictaduras, países islámicos radicales y autocracias como la de Cuba, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, China, Irán, Turquía, Rusia y el grupo terrorista Hezbolá de Líbano, cuyos representantes parlamentarios encabezados por Mohammad Raad fueron recibidos el 24 de enero por el embajador de Venezuela en Beirut, Jesús González González.


El gobierno de López Obrador utilizó la política de no intervención para cerrar los ojos ante la violación a los derechos humanos, el genocidio, la persecución, el éxodo, el brutal desabasto de alimentos y medicinas, y la desaparición de todo tipo de libertades en Venezuela.


En paralelo, la protesta del pueblo venezolano que llegó al clímax el 23 de enero, conmovió al mundo. Dimensionó los horrores de Nicolás Maduro apostado en un segundo mandato con elecciones claramente fraudulentas, apoyado en la construcción de un Congreso Constituyente con su nomeklatura, con el propósito de aniquilar a la Asamblea Nacional Bolivariana de Guaidó.


La reacción del Grupo de Lima fue contundente, el respaldo de Estados Unidos, Canadá, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, Paraguay, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Perú y República Dominicana decidieron un destino donde Marcelo Ebrard bajó a México al abstenerse en la declaratoria contra Maduro, con la justificación de la anacrónica Doctrina de Genaro Estrada diseñada para las condiciones internacionales de 1930 en el gobierno de Pascual Ortíz Rubio, 89 años atrás.


Es como desempolvar el texto original de la Constitución de 1917 -como en algún momento lo propuso López Obrador- sin tomar conciencia de la prohibición al sufragio de la mujer.


No sabemos con precisión los compromisos de López Obrador con los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, pero se intuye que la fidelidad mutua corresponde a ayudas mutuas durante al menos 18 años, y en alguna parte de la inteligencia de Cuba que opera en Venezuela deben estar documentadas situaciones comprometedoras, pero es mera especulación, aunque no hay otra forma de explicarlo.


Los pronósticos hablan de la caída inminente de Nicolás Maduro, y la reconfiguración geopolítica de la región. Y aún cuando se sostenga a sangre y fuego contra el pueblo venezolano, que, según Mitofsky, el 84% pide su salida, es un camino sin retorno.


En una carta de Juan Guaidó dirigida este viernes a López Obrador y Tabaré Vázquez, el presidente interino aclara la ruta de su gobierno en tres puntos: 1) Cese de la Usurpación 2) Gobierno de transición y 3) Elecciones libres.


En respuesta a la convocatoria de diálogo de los mandatarios mexicano y uruguayo, Guaidó contesta que la oposición se prestó al diálogo en múltiples ocasiones y sólo sirvió para que “la dictadura de Nicolás Maduro” se burlara en la cara del pueblo venezolano y se opusiera al cambio.


El también presidente de la Asamblea Nacional invita a Andrés Manuel y Tabaré a ponerse del “lado correcto de la historia” ya que, como decía el premio Nobel de La Paz Desmond Tutu: “Si eres neutral en situaciones de injusticia, estás del lado del opresor”.


En poco tiempo López Obrador tendrá que redefinir su política exterior, esa que Marcelo Ebrard llevó al lado equivocado de la historia, no sin el consentimiento del Presidente de la República.

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Resumen Político Nacional


La Crónica


  • Iremos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana: AMLO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su gobierno está dispuesto a pasar de la austeridad republicana a “una pobreza franciscana” para destinar más fondos para el bienestar y desarrollo de México. “Vamos de la austeridad republicana a la pobreza franciscana; es decir, nada de derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre, eso es lo que planteamos”, señaló. Entre las medidas de austeridad republicana está el hecho de que ningún funcionario público puede ganar más que el Presidente, cuestión establecida en la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos. El salario mensual de López Obrador es de 108 mil 376 pesos al mes, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos. López Obrador hizo esta declaración después de que Jesús Ramírez, su vocero, fue cuestionado sobre el salario mensual de 149 mil pesos que incluyó en su declaración de bienes. Ramírez aclaró que dicha cifra corresponde al sueldo del puesto establecido por el Presupuesto de Egresos de 2018, mientras que a partir del 1 de enero su salario ya se encuentra por debajo del que percibe el presidente López Obrador. “En mi caso, la declaración tiene fecha de 1 de diciembre cuando entramos el 1 de diciembre entramos con el salario de los funcionarios anteriores”, indicó Ramírez. Asimismo el funcionario destacó que el personal de la administración federal que está recibiendo un sueldo mayor a los 108 mil pesos está devolviendo el dinero excedente.


  • Terna propuesta por López Obrador llega al Senado.- Este viernes el Senado de la República recibió la terna enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar la vacante que dejará Margarita Luna Ramos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La terna está integrada por Loretta Ortiz Ahlf, Celia Maya García, y Yasmín Esquivel Mossa, esta última magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de Ciudad de México y presidenta de la Asociación de Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa, además de ser esposa del Ingeniero José María Riobóo. Por su parte Loretta Ortiz es esposa de José Agustín Ortiz Pinochetti, quien ha colaborado de forma cercana con López Obrador, mientras que Celia Maya fue candidata a gobernadora de Querétaro por Morrena. En diciembre pasado el presidente López Obrador ya había propuesto a Loretta Ortiz como ministra de la Suprema Corte, pero en el pleno obtuvo apenas cinco votos de los 128 senadores, y a Celia Maya, quien obtuvo cero votos. El Senado puede aceptar a algunas de las tres candidatas o pedir al presidente que realice otras propuestas.

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El Financiero


  • Vamos a ir serenando a México: López Obrador.- Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró este viernes que el programa Sembrando Vida, así como otros programas sociales de su gobierno, ayudarán a "serenar" al país. "Le dije a Luis Cresencio Sandoval, el secretario de la Defensa Nacional, que si sembramos el campo y se le da trabajo a la gente, vamos a resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Esa es la fórmula. Si hay trabajo, hay bienestar y va a haber tranquilidad", afirmó en Cárdenas, Tabasco, donde puso en marcha el programa. El primer mandatario hizo también un reconocimiento a las Fuerzas Armadas. "Han estado apoyándome y son leales al gobierno de la República".Al hacer referencia al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, AMLO invitó a los pobladores presentes a ser tutores de jóvenes para enseñarles oficios, a orientarlos "por el camino del bien" y a alejarlos de las prácticas antisociales. "Así vamos a ir serenando a México", aseveró. Antes de su llegada a Cárdenas, donde tuvo lugar la presentación del programa, López Obrador visitó también uno de los viveros donde se realizará el primer cuidado de los árboles. En esta gira, el presidente estuvo acompañado por el titular de Sedena, ya que, como se dio a conocer durante la conferencia de prensa más temprano este viernes, esta secretaría ayudará con la siembra de árboles frutales.


  • También había 'huachicol' en la compra de medicinas: AMLO.- El presidente de México, Andres Manuel López Obrador, aseveró que en los gobiernos anteriores también había “huachicol” en la compra de medicamentos por parte del poder Ejecutivo federal. López Obrador señaló que había políticos que se robaban el dinero de la compra de medicamentos y además hacían negocio vendiendo medicinas, lo cual, dijo, ya no se va a permitir durante su sexenio. El presidente de México comentó que anteriormente el gobierno federal destinaba 80 mil millones de pesos a las compras de medicamentos y, sin embargo, no había abasto de éstos en los hospitales debido precisamente a este robo. “Ese es otro huachicol, se roban hasta el dinero de las medicinas, (…) se robaban el dinero políticos que eran los que vendían la medicina, ya eso se acabó, no va a haber huachicol tampoco en la compra de medicinas”, declaró López Obrador. El mandatario mexicano dijo que ahora se va a garantizar el acceso a la salud y el abasto de medicamentos en todos los hospitales del país; no obstante, señaló que ello tomará tiempo. En ese sentido, adelantó a los trabajadores del sector salud que se cumplirá su compromiso de respetar el articulo cuarto de la Constitución; es decir, el derecho a la salud de todos los mexicanos. “Se va a garantizar el accesos a la salud a los mexicanos, atención medica y medicamentos gratuitos, nos va a llevar tiempo”, declaró el presidente de México. Recalcó que durante su sexenio los más de 80 mil trabajadores del sector salud que esperan su basificación la recibirán; sin embargo, será algo que se dará poco a poco en todo el país.

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El Economista


  • AMLO envía comisionados para IFT y Cofece al Senado.- El presidente Andrés Manuel López Obrador sometió a ratificación del Senado de la República a Ramiro Camacho Castillo como comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), por un periodo de nueve años. El documento enviado a la cámara alta refiere que Camacho Castillo es licenciado en Matemáticas por la Universidad de Guadalajara, y maestro en Economía por la University of Wisconsin-Madison. Además de maestro en Investigación de Operaciones por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Economía de la Energía y del Ambiente, por la Scuola Superiore Enrico Mattei-Ente Nazionale Idrocarburi en Italia. En el ámbito profesional, cuenta con una amplia experiencia en el sector público, en donde ha desempeñado diversos cargos en el mismo IFT, así como en la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) En el sector privado cuenta con servicios de consultoría para la empresa ESTA INTERNATIONAL LLC, contratada por la Comisión Reguladora de Energía para actuar como monitor independiente del mercado eléctrico mayorista en términos de la Ley de la Industria Electrica (2007-2018). Cabe destacar que el IFT está integrado por siete comisionados, y de ser ratificado, Camacho Castillo ocupará el puesto de María Elena Estavillo, quien termina su periodo en este organismo. Asimsimo, el ejecutivo Federal también propuso a Gustavo Rodrigo Pérez como comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), donde suplirá a Martín Moguel Gloria, cargo que desempeñaría por nueve años.

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La Jornada


  • Entrega Durazo al Senado la Estrategia Nacional de Seguridad.- El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo Montaño, entregó en el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad, y resaltó que para el gobierno de la República es fundamental que esa cámara la apruebe, no sólo para cumplir con la disposición constitucional en la materia, sino “por el respaldo político que requieren grandes iniciativas, como las que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador”. Durazo entregó el documento a la Mesa Directiva del Senado que preside Martí Batres, quién señaló que más tarde, durante la sesión de esa cámara, el pleno dará entrada a esa estrategia nacional de seguridad, que por primera vez y con base en la reforma política de 2014, un Presidente de la República pone a consideración del legislativo para su discusión y aprobación. En una ceremonia que, de forma inusual se llevó a cabo en privado, Durazo Montaño explicó que se trata de la Estrategia Nacional de Seguridad, presentada en noviembre pasado por López Obrador. Recordó que se basa en ocho ejes estratégicos e inicia con el combate a la corrupción. “Continua con la propuesta de asumir el combate a la inseguridad con una visión amplia, que atienda las causas profundas que genera la inseguridad, causas particularmente de carácter económico y específicamente para los jóvenes”. Agregó que la estrategia concluye con un plan de seguridad que, entre otras iniciativas, contempla la propuesta de crear un ente para garantizar con mayor eficacia la seguridad pública. “Me refiero a la creación de la Guardia Nacional, cuya minuta aprobada ya por la Cámara de Diputados se encuentra en esta representación”.

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Excélsior


  • Nombran a Patricia Bugarin subsecretaria de Seguridad Pública.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, tomó protesta a Patricia Bugarin Gutiérrez como subsecretaria de Seguridad Pública, a quien le encomendó cumplir con sus funciones con apego a la Constitución y trabajar de manera coordinada con los tres niveles de gobierno en favor de la ciudadanía. Bugarin Gutiérrez es licenciada en Derecho con especialización en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Autónoma de México; Master Internacional en Derecho Penal, Constitución y Derecho por la UAM y la Universidad Autónoma de Barcelona; Maestra en Psicoterapia enfocada a la atención de víctimas y Doctora Honoris Causa por el Consejo Doctoral Mexicano. Además, cursó el Diplomado en Gobernabilidad y Seguridad Pública impartido por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Patricia Bugarin se ha desempeñado en la Ciudad de México como secretaria proyectista en el Tribunal Superior de Justicia; fiscal Antisecuestro y subprocuradora de Averiguaciones Previas Centrales en la Procuraduría General de Justicia. Ha sido coordinadora general del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; subprocuradora de Personas Desaparecidas o no Localizadas de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas del Delito; subprocuradora de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR); y hasta el día de hoy era titular de la Coordinación Nacional Antisecuestro.