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Foto del día: El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador envió este viernes al Senado de la República sus propuestas para comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). La Secretaría de Gobernación envió los oficios con los que remite las propuestas al Senado para comisionado del IFT a Ramiro Camacho Castillo, mientras que para la Cofece a Gustavo Rodrigo Pérez Valdespín. (El Financiero)


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Columna de Columnas

Prioridades de AMLO dominan la agenda del Congreso / La sociedad y sus enemigos

02/2/2019


Prioridades de AMLO dominan la agenda del Congreso

Con el inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión también arranca la agenda legislativa promovida por el Presidente Andrés Manuel López Obrados, misma que contempla la creación de la Guardia Nacional, La Reforma Educativa, la Ley de Austeridad Republicana, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la revocación de mandato, entre otros muchos temas. En el Excélsior, el periodista especializado en temas parlamentarios, Francisco Garfías, escribe que: “arrancó ayer el periodo ordinario de sesiones. La Agenda Legislativa de la aplanadora de Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión está conformada por las prioridades del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Por delante va la Guardia Nacional. Su creación requiere reformas constitucionales. Pasó en la Cámara de Diputados con cambios cosméticos para simular que el mando lo tendrían los civiles. Pero, salvo en lo administrativo, que queda bajo responsabilidad de la Secretaría de Seguridad Pública […] AMLO hizo pública su molestia por la decisión de los diputados de quitar el artículo transitorio que legalizaba la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, en tanto se consolida la Guardia Nacional […] Las reformas para crear la Guardia Nacional necesitan una mayoría calificada de senadores (86 de 128.) El PAN, 24 senadores, mantuvo su postura en contra. El PRI, 14 senadores, endureció la suya para vender caro su amor. A Morena le bastaría que el MC –ocho senadores, si sumamos al expriista Noé Castañón– , y a algunos de otras bancadas, les dieran ganas de ir al baño a la hora de la votación para salirse con la suya. Al PVEM, seis senadores. Los morenos los tienen en la bolsa. Lo mismo que al PES, cinco, y al PT, seis. Con Miguel Mancera, jefe de los cinco del PRD, se puede negociar. No así con el independiente, Emilio Álvarez Icaza. Otro tema importante en la agenda son las modificaciones al Artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de ‘delitos graves’ que ameritan ‘prisión preventiva oficiosa’. A esta categoría se incorporan el robo de combustibles –la guerra del Presidente al huachicol–; la corrupción –compromiso de campaña– y los delitos electorales. La bronca es que a las ONG’S que defienden derechos humanos se les pusieron los pelos de punta. La iniciativa choca frontalmente con la presunción de inocencia, que apenas en 2008 fue elevada a rango constitucional. Impone un castigo por adelantado a los acusados de delitos graves. Es cierto, el hartazgo por la impunidad, pero el ‘populismo penal’, como lo llamó la revista Nexos, no va a resolver ese tema. La Reforma Educativa, la Ley de Austeridad Republicana, la reforma a la Ley Federal del Trabajo, la revocación de mandato, completan, entre otros muchos temas, el menú del periodo de sesiones que concluye el 30 de abril”.


La sociedad y sus enemigos

En Milenio, el columnista Liébano Sáenz, escribe que: “la sociedad tiene enemigos; han estado contra ella desde siempre. Son aquellos que con su conducta conspiran contra los derechos fundamentales de las personas y contra las libertades que nos son comunes a todos. No es, pues, algo nuevo; siempre ha habido criminales, aunque no siempre se les ha tratado de la misma manera. Se dice que el grado de civilidad de un país se mide por el trato que concede a sus delincuentes. Hoy en día, frente a la gravedad de los daños sociales ocasionados por la delincuencia, los modelos nacionales de atención al problema tienen que partir del imperativo de que la sociedad requiere de protección, y esa es la razón del Estado. A lo largo de la historia, la base más elemental de la justicia penal ha sido la venganza. Es primitiva, y no atiende a lo fundamental. En esa perspectiva, quien la hace la paga y por eso más vale que sea el Estado el que la cobre. Dejarlo al agraviado entraña riesgos, como el exceso en la acción reivindicatoria del daño o que no se tengan garantías de una justa defensa. Por eso la civilidad se ha acompañado de las garantías del debido proceso. Es fácil acusar, más difícil es probar, y todavía más es llegar a la sentencia mediante una justicia imparcial y rigurosa. La justicia es imperfecta, pero mucho más su ausencia. Estimo que el problema principal que tiene nuestro país, entre muchos otros, se relaciona con la incapacidad del Estado para proveer justicia, especialmente la de carácter penal. Una sociedad indefensa o impotente frente a quien le hace daño queda expuesta y genera incentivos perversos, como es la justicia bajo propia mano o el sometimiento del conjunto al más fuerte, al más violento, al más decidido a dañar y perjudicar. Considero que el humor social de los pasados años tiene que ver con una realidad y una percepción que potenciaron el enojo y el rencor de muchos mexicanos. La realidad deriva de un hecho incontrovertible: la elevadísima impunidad que existe en muchos ámbitos de la vida social; la percepción, que las autoridades –de todos los poderes y órdenes de gobierno– no solo eran incapaces para proveer justicia, sino que participaban de una o de otra manera, por acción o por omisión, por impotencia o incompetencia, en las conductas delictivas. Como muchos mexicanos, comparto la manera como la política disruptiva, particularmente la del proyecto de López Obrador, ha hecho de la denuncia un ya basta a la situación. Me aparto, sin embargo, de su visión, narrativa y respuesta a la actividad criminal. Considero que para ello es fundamental diferenciar los hechos de las percepciones; además, es sumamente riesgoso formular denuncias genéricas y no actuar en la justicia específica cuando se tiene todo el instrumental del Estado para hacerlo. Bajo ningún estándar es permisible, sensato y constructivo denunciar y simultáneamente perdonar, como tampoco asumir que quien delinque lo hace por necesidad. Estimo, también como muchos mexicanos, que no se puede transitar por el peligroso camino de la absolución anticipada, ante nadie, pero sobre todo frente a los criminales más perniciosos. La lucha contra la impunidad demanda de acciones ejemplares frente a los enemigos de la sociedad por igual, sin excepción, lo mismo quienes crean situaciones de violencia en las comunidades, quienes extorsionan, quienes trafican con droga, que ex funcionarios que se hayan beneficiado indebidamente del cargo. Como lo ha dicho quien ahora es Presidente de la República, se trata de barrer la corrupción y la impunidad en todos los órdenes, de la manera más efectiva, de arriba hacia abajo. El país exige justicia; abatir la impunidad es el mejor camino para la certeza de derechos y, especialmente, para la reconciliación social implícita en el actual programa político o la llamada cuarta transformación. El camino es actuar proactivamente y con determinación frente a quienes con su conducta amenazan a la sociedad, estén donde estén, sin importar jerarquía o condición. El sistema de justicia se vuelve fundamental en estos tiempos. También una nueva actitud hacia la ley por parte de todos. No solo es cuestión de valores éticos, es de cumplimiento con lo que determina la norma. Caricaturizar al pasado desde la arenga política, sirve para legitimar al presente, pero no aporta por sí misma solución alguna, y lo que se requiere, una vez consolidado el consenso en torno al gobernante, es la eficacia para responder a la expectativa ciudadana con resultados que no requieran de retórica o explicación. El presidente López Obrador no solo cuenta con niveles inéditos de respaldo, también en la sociedad hay un mayor optimismo, aunque el enojo al pasado persiste y mantiene expectativas generalizadas y en ocasiones desproporcionadas. En las formas ya ocurrió la transformación, no en los resultados. Por eso es deseable que el gobernante asuma que el cambio necesariamente transita en la atención del principal anhelo de los mexicanos frente a sus enemigos: justicia”.


Legítimos

En Reforma, el escritor Jorge Volpi, escribe que: “lo primero que conviene afirmar es que el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela es uno de los más ineficaces, torpes y burdos de nuestro continente. Con su autoritarismo, su barbarie y su ceguera ideológica, a lo largo de estos años parece haberse empeñado en destruir por completo al país, sumiéndolo en una crisis humanitaria sin precedentes, motivo de una migración inusitada de ciudadanos de todos los sectores de la sociedad, desde los más ricos hasta los más desfavorecidos. Con su terquedad y su pasmo, aniquiló el propio sueño bolivariano de Hugo Chávez, su mentor, al provocar que la pobreza y la desigualdad se incrementasen como nunca. De ahí que incluso dentro de su propio partido haya tantas muestras de descontento, solo equilibradas por el terror a perder el poder y a que la corrupción de las nuevas élites salga a la luz. Su triunfo en las elecciones de 2013, por poco más de un punto porcentual, fue ya ampliamente cuestionado, pero es sobre todo a raíz de las elecciones legislativas de 2015 que su deriva dictatorial se vuelve más drástica cuando impulsa un golpe de Estado mediante el cual el Poder Judicial, integrado por incondicionales suyos, elimina las competencias de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y promueve una Asamblea Nacional Constituyente para suplantarla. A partir de entonces, Venezuela vive en un estado de excepción que no puede equipararse en ninguna medida con un sistema democrático. Las elecciones presidenciales de 2018, boicoteadas por la oposición, volvieron a concederle a Maduro un triunfo a todas luces ilegítimo. Es en este contexto que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se erige hace unos días como “presidente encargado”. Con rapidez, los gobiernos de Trump, Bolsonaro y otros países latinoamericanos -casi todos con regímenes de centro o de derecha- se apresuraron a reconocerlo. Los antiguos aliados de Chávez, Cuba, Bolivia o Nicaragua, han sido los únicos en mantener su apoyo irrestricto a Maduro, mientras que México y Uruguay han tomado una postura moderada, de llamamiento al diálogo entre las partes. Resolver una crisis constitucional de esta magnitud no es tarea sencilla y la posibilidad de que estalle la violencia no es remota. Desde el golpe de Estado judicial de 2015, Venezuela no puede considerarse un régimen democrático y, por tanto, Maduro no es un Presidente legítimo. Pero Guaidó tampoco cuenta con el respaldo constitucional, de modo que su reconocimiento internacional es un acto político complejo. En esta medida, la posición de México suena razonable: intentar una instancia de mediación con Uruguay, por compleja que ésta sea, sobre todo teniendo en cuenta que, si Guaidó cuenta con el apoyo de numerosos países, Maduro aún tiene de su lado al Ejército. Ello no quiere decir, sin embargo, que la resurrección de la Doctrina Estrada sea motivo de celebración. Defendida sobre todo durante el largo régimen autoritario del PRI, ésta siempre fue un pretexto para evitar todo cuestionamiento exterior invocando la no intervención en asuntos internos de otros países. Una cosa es que México opte por no imitar a Estados Unidos o Brasil, tratando de articular una vía de mediación, y otra que no exprese una posición clara sobre las incontables violaciones a los derechos humanos llevadas a cabo por el régimen de Maduro. No deja de resultar paradójico que Andrés Manuel López Obrador, quien en 2006 se declaró a sí mismo Presidente legítimo, parezca querer preservar una suerte de neutralidad ante Guaidó. Cuesta imaginar qué hubiese ocurrido en México si, en ese momento crucial, una avalancha de países lo hubiese reconocido frente a Calderón. La mesura en el tratamiento de la crisis constitucional venezolana es polémica pero no carente de razones, no así la tibieza que le impide a México denunciar los atropellos a la democracia que López Obrador tanto denunció cuando él fue víctima de un atropello semejante”.


La “favorita” de Palacio

En El Universal, el periodista Salvador García Soto, escribe que: “el título de esta columna, que podría confundirse con el de la exitosa película inglesa-americana nominada este año al Oscar y que será la gran competencia para la mexicana Roma al tener también 10 nominaciones al codiciado premio de Hollywood, no alude a ninguna princesa o consorte de algún palacio real, sino a la terna que ayer envío el presidente Andrés Manuel López Obrador al Senado de la República para elegir a una nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que sustituya a la ministra saliente, Margarita Luna Ramos, que termina