Síntesis Guanajuato

Conoce la opinión del Periodista Fidel Ramírez Guerra, Columnas locales y notas políticas.


Foto del día: El Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, presentó ante el Poder Legislativo del Estado de Guanajuato, la iniciativa de reformas de Ley, firmada por el Gobernador del Estado, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, con la cual se fortalece la prevención e investigación de diversos delitos como el robo a casa habitación, robo de vehículos y autopartes, entre otros. Dicha iniciativa fue recibida por el Diputado Presidente del Congreso del Estado, Isidoro Bazaldúa Lugo y el Secretario General, Ricardo Narváez Martínez. Ayala Torres, señaló que, la presentación de esta iniciativa, forma parte de la Estrategia de Seguridad para el estado de Guanajuato, que dio a conocer el Gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.


Editorial Centenarios-Kiosco de la Historia

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Columnas Locales:

Kiosco

Militarización en Guanajuato


Por Fidel Ramírez Guerra


Somos una zona de guerra entre los grupos y viene la militarización. Ya nos estamos acostumbrando a los retenes militares en varios puntos de la entidad pero estas medidas hasta ahora no han frenado las ejecuciones.


Las protestas ciudadanas por inseguridad iniciaron en Celaya y en las redes sociales leemos todos los días las inconformidades sociales. Las policías municipales y estatal fueron rebasadas desde hace años. Tampoco fue muy útil la incursión de la Policía Federal Preventiva.


En este escenario sigue el activismo de grupos y de diversas expresiones de cuestionar que el procurador Carlos Zamarripa sea el fiscal general, frente a lo que ya está decidido por el gobernador y por los diputados panistas. Su dirigencia. Por el grupo en el poder.


En el escenario lejano, pero escenario al fin, la posibilidad del retiro de Zamarripa en la propuesta para la fiscalía o una reducción en el cargo. Inimaginable pero obvio en un ambiente que generará tensión, pero sobre todo, si llegará a ser cuestionado con manotazo por parte de Andrés Manuel López Obrador.

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Yerbamala

7/2/2019


Don Giovanni


1.-Zamarripa, el PAN se queda solo


Contundente fue el deslinde de ayer del presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León, José Arturo Sánchez Castellanos, del propósito panista de convertir a Carlos Zamarripa en Fiscal General, y alargarle a 19 años su estancia en el puesto.


No sólo eso. Sánchez se pronunció en contra de la permanencia de Zamarripa por su falta independencia respecto al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, y al PAN.


Puntual, dijo: ‘Tiene que ser un Fiscal independiente, que sea autónomo y que no dure nueve años y que sea evaluado cada tres años…’. Algo que los panistas rechazan sistemáticamente.


Además de ello, cuestionó a Zamarripa duramente: ‘Los resultados en materia de seguridad no nos tienen satisfechos, incluso no estamos en la posición de apoyar un fiscal en las condiciones en las que se está dando.’.


No es que antes la posición empresarial fuera de apoyo a la ‘Operación Zamarripa’, como lo sugirió el diputado morenista Ernesto Prieto, pero hacían falta estas precisiones.


Ante la inminencia de la consumación de su plan, este mes, el PAN-Gobierno queda completamente aislado.


Esa soledad tendría que obligarlo a corregir, a menos que…lo ciegue la soberbia y decida dar un paso hacia el abismo.


2.-Revanchas


Los líderes del PVEM no se curan la herida por la pérdida de la posición del contralor del Congreso, a quienes ellos ponían hasta hace dos años.


Eso llegó a su fin con el pleito que casaron la lideresa factual del ‘Verde’, Beatriz Manrique, y el entonces coordinador parlamentario del PAN, Éctor Jaime Ramírez Barba.


El último contralor que puso el PVEM fue Dany Ángel Martínez, a quien ‘Bety’ todavía quiso incluir en la terna mediante la cual se escogió a Rafael García Ríos y no pudo.


García reportó desde marzo de 2017 que su esposa, Diana Ortiz Aldana, trabajaba en la ASEG y por eso se excusó de realizar una auditoría de la que resultaron una recomendación y una observación…


Eso lo supo, y lo avaló, Bety, como igual su coordinador, Juan Antonio Méndez. La segunda excusa también la avaló la actual coordinadora ecologista, Vanessa Sánchez Cordero…


Es decir, hay doblez. Y huele a despecho, con su pizca de oportunismo, la demanda de destitución de Rafael del líder ‘Verde’, Sergio Contreras.


En el terreno de las suspicacias también entra el titular de la ASEG, Javier Pérez, quien tiene una vieja rivalidad con el contralor. Esto, desde que trabajaban juntos en la ASEG. Rafael inició una auditoría en la Legislatura anterior, le pidió un espacio a Javier y este se lo negó…


Ahora, Javier juega con la idea del ‘Verde’ de que le tocaría resolver la demanda.


Pero no. Sería el Órgano Interno de Control de la propia Contraloría, y si decide que es grave entraría el Tribunal de Justicia Administrativa…


3.-Reo de sus trapacerías


A salto de mata anduvo ayer el líder de la ASTAUG, Víctor Jiménez, para no informar de cuánto dinero le da la UG y en qué lo gasta.


Prometió aparecer hoy, pero puede mandar a Adrián Ramírez, presidente del patronato de la ASTAUG y titular del ‘Comité de Transparencia’ ( ?).


En tanto, la presidenta del IACIP, María de los Ángeles Ducoing, informa que si Jiménez persiste en su desacato de no contestar la solicitud de información se haría acreedor a una amonestación pública y a una multa de hasta $150 mil.


Ducoing también le recomienda subir la información a su portal como sujeto obligado que es.


La simulación de la ASTAUG tiene grado de escándalo: ha mandado representantes a cinco capacitaciones del IACIP…sólo para fingir acatamiento.


Por cierto, de los sindicatos, los universitarios, ASTAUG y ASPAAUG, son los más opacos del estado, con un cumplimiento igual a cero…


4.-’Observatorios Ciudadanos’, la simulación


Concebidos como coartada del poder, desde hace varios años rebotan con más mala que buena fortuna los ‘Observatorios Ciudadanos’. La excepción sería el de León…


Porque hay una contradicción intrínseca: no pueden ser ‘Ciudadanos’ si los crea y los mantiene el gobierno…


Eso no obstante, el Congreso creará su propio ‘Observatorio Ciudadano’, según lo acordó la Comisión de Gobernación. Para ello, los diputados reformarán la Ley Orgánica del Poder Legislativo.


La presidenta de la Comisión, Libia Denise García, dice que será el canal prioritario de contacto con la sociedad…


Al crearse por decreto, no se ve cómo podrá cubrir funciones básicas: vigilar, evaluar, denunciar, incidir…


Por el entorno del gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, también se habla de promover un ‘Observatorio Judicial’… aunque no uno del Ejecutivo.


Contra Retrato

Ricardo Ortiz Gutiérrez


Con una metodología novedosa, que incluye un diagnóstico y un canal para la intervención ciudadana, el alcalde de Irapuato presentó ayer el ‘Programa de Seguridad para Irapuato 2018-2021’.


De acuerdo con la ‘Encuesta de victimización y percepción de seguridad’ que mandó hacer el Municipio, 85% de los habitantes se siente inseguro. Ello, a pesar de que sólo 44% ha sido víctima de la delincuencia.


De los encuestados, 75% declaró no confiar en la Policía Municipal ni en los agentes de Tránsito.


También es destacable la desconfianza de los irapuatenses en la impartición de Justicia: 60% dice no confiar en los jueces y 48% desconfía del Poder Judicial.


Eso, según lo referido por los investigadores, promueve la impunidad al inhibir la denuncia.


Los objetivos del Programa, dijo el alcalde, son: disminuir los índices de delitos, mejorar la percepción de seguridad y la confianza en la Policía.


No son tareas sencillas, y tampoco las puede solventar solo el gobierno municipal.


Requiere el apoyo federal, que ayer, en coincidencia, se anunció por parte de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad: enviarán 600 efectivos a la zona irapuatense, como igual lo harán en otras tres zonas guanajuatenses.


Falta algún anuncio del apoyo estatal.


En tanto, debe estimularse la participación ciudadana para que el Programa se afine antes de su aprobación por parte del Ayuntamiento.

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Pólvora e infiernitos

7/2/2019


Miguel Zacarías


UN CONTRALOR EN APRIETOS


CONTRA LA PARED. Por las primeras reacciones que en lo corto ha tenido el PAN y la postura asumida por el presidente de la Junta de Gobierno, Jesús Oviedo Herrera, el contralor interno del Congreso, Rafael García Ríos, no tiene mucho para dónde hacerse y el partido en el gobierno no moverá un dedo para, si es el caso, tratar de salvarlo del cadalso de la destitución.


HECHOS. De entrada, Oviedo no negó lo esencial de la denuncia Verde: García Ríos está casado con una funcionaria de la Auditoría Superior del Estado (ASEG) desde hace mucho tiempo y confirmó que nunca habló el funcionario legislativo de un conflicto de interés sino hasta diciembre pasado.


DETALLE. Oviedo recuerda que en diciembre el contralor se excusó de participar en un asunto que no describió y tuvieron que intervenir algunos auditores para auxiliarlo en esa labor.


EN SU CANCHA. El responsable de hacer el análisis técnico-jurídico de los argumentos de la denuncia de los verdes es el secretario general del Congreso, Ricardo Narváez, quien deberá tenerlo esta misma semana.


CLARITO. La realidad es que tampoco hay que hacer una gran indagatoria. Los hechos ahí están. El contralor nunca reportó esa relación que podía ser motivo de conflicto de interés.


INEVITABLE. Y si sabía que la ASEG era uno de los organismos recurrentes a los que haría revisiones entonces se encuentra en serios aprietos. Hay quienes señalan que los diputados panistas no están obligados a saber con quién está casado y que de haberlo sabido, la relevancia del cargo de contralor interno no ameritaba hacerse de la vista gorda.


SIN MÁS. Así las cosas, a menos que haya algún recoveco legal que abone a su causa, a García Ríos sólo le queda implorar al santo de su devoción. Su cargo está en riesgo.


REFORMA LEGAL A YONKES: EL PAN, OOOTRA VEEEZ


ANTECEDENTE. Como varias de sus iniciativas y una que otra acción de gobierno, Miguel Márquez sólo jugó para agradar a un sector de la tribuna en varios momentos de su gobierno.


NADA DE NADA. Después de revisar los términos de la iniciativa que propuso el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo para reformar la ley que regula los establecimientos dedicados a la compra venta de vehículos automotores en desuso y sus autopartes, sólo queda decir que la que aprobaron los integrantes de la LXI Legislatura en 2014 fue un cero a la izquierda.


TRISTES RECUERDOS. Con bombo y platillo como diría el lugar común, diputados como Alfonso Ruiz Chico, hoy flamante funcionario estatal y Sergio Carlo Bernal, festejaban hace cinco años la aprobación de una reforma que exigía a los negocios popularmente conocidos como yonkes, un permiso estatal para operar y un reporte mensual a la Procuraduría de Justicia en los primeros cinco días de cada mes de las operaciones realizadas en sus negocios.


LA LETRA. Esto es, los datos de la identificación oficial de las autopartes para que la Procuraduría de Justicia cruce información con su propia base de datos y detectar así la posible comisión de delitos.


MÁS. Se pedía un registro de los vehículos y autopartes con los datos de personas físicas que enajenaron los bienes, la cantidad que se pagó y la fecha en que se celebró la compra y venta. Había un capítulo para normar procedimientos de verificación y un catálogo de sanciones que incluían la suspensión y cancelación del permiso.


LA TECNOLOGÍA. Eso decía la reforma aprobada hace cinco años. La única gran diferencia que tiene la iniciativa que ayer entregó el gobierno estatal al Congreso es la exigencia para que los dueños de estos negocios, cuenten con dispositivos biométricos que permitan el tratamiento de datos de personas que acuden a estos negocios.


MÁS PODER AL PODER. Estos datos, podrán transferirse a la base de la Procuraduría de Justicia del Estado o en los casos que se requiera por mandamiento judicial. Obvio, esto implica otorgar facultades a la instancia que encabeza Carlos Zamarripa para cotejar esos datos con sus bases de datos criminológicos.


OBJECIONES. El candado para que este tipo de negocios cuenten con estos dispositivos es que sea un requisito para la renovación de sus permisos. Habrá que ver las repercusiones que la iniciativa tenga en el siempre espinoso asunto de los datos personales.


EX POST. Pero por lo pronto vale preguntar qué hizo la Procuraduría con lo que le mandó aquella reforma legislativa de 2014. ¿Alguien en el gobierno revisó que los dueños de Yonkes y deshuesaderos cumplieran con su reporte mensual?


DUDAS. ¿Lo hizo Carlos Zamarripa? ¿Se lo exigió en su momento el entonces gobernador Miguel Márquez? ¿O todos nomás se hicieron que la virgen les hablaba?


YA NO SE MANDA SOLO. ¿Qué nos garantiza que hoy Zamarripa sí atenderá el llamado del Congreso del Estado y los dueños de yonkes cumplirán con las nuevas exigencias? ¿Todo se arregla con la voluntad política del gobernador en turno?


MORALEJA. Ojo. Gobierna el mismo partido; es el mismo procurador de Justicia el que va a ejecutar la eventual reforma y es la misma aplanadora azul la que abordará la iniciativa. ¿Quién nos asegura que otra vez no nos van a dar atole con el dedo?


LA DEL ESTRIBO…


Quién sabe si las críticas del nuevo binomio Morena-Verde que los ven muy cerquita de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, les picó la cresta pero los jerarcas empresariales de León se pusieron respondones con el gobierno estatal y la apuesta por el fiscal carnal Carlos Zamarripa.


José Arturo Sánchez Castellanos, líder del CCE León dijo que no le han dado carta abierta al gobernador y que en todo caso, nueve años en el cargo sería un exceso.


Volvemos a lo mismo. Los resultados que ha ofrecido este funcionario no merecen que su coronación pase como cuchillo en mantequilla. Demasiado poder, demasiadas concesiones en esas manos.


SHEFFIELD: LA CRITICA A CÓRDOVA, SU APUESTA POR ECHEVESTE


“Yo lo veo como incongruente porque lo que platicábamos en el pacto de la Loma no se ve reflejado en su actuar en lo más mínimo, el irse a buscar una candidatura al Senado por el PRI y el Verde y ahora la alcaldía, es la búsqueda del poder por el poder”.


Hace exactamente 4 años, en medio del enredo en que se convirtió la definición del candidato panista a alcalde en León, Ricardo Sheffield Padilla le recetaba esta frase al doctor Angel Córdova quien estaba ya perfilado para ser el candidato a alcalde por la coalición PRI-Verde.


Y bueno, no hace falta decir nada más. La frase pronunciada por Sheffield en febrero de 2015 se volvió contra sí mismo en 2018 cuando renunció al PAN para buscar una candidatura por Morena.


El exalcalde leonés podrá decir que hizo la lucha para permanecer en el PAN y que no lo querían. En realidad, no lo querían desde 2015 pero en aquel momento, con gran viveza y sentido de anticipación, realmente puso contra la pared a los dueños del partido en Guanajuato en alianza con la dirigencia nacional encabezada por Gustavo Madero.


Lo de 2018 estaba cantado. Un político como Sheffield que sabía que las reglas estaban hechas para que fuera cualquier otro menos él y un partido que había decidido prescindir de él mucho tiempo atrás.


Pero también, hace ocho años Sheffield daba la nota cuando cesaba al segundo secretario de Seguridad de su trienio, Salvador Echeveste, un panista de la vieja guardia que sólo contaba en sus antecedentes con la Dirección de Tránsito Municipal y asesor del gobierno del estado en tiempos de Juan Manuel Oliva como cargos más relevantes.


En aquel momento, dijo que renunciaba como secretario de Seguridad por motivos de salud. Algo que nadie podía creer.


Echeveste llegó al cargo tras el fracaso de la mayor María Guadalupe Anguiano a quien Ricardo Sheffield trajo a León, sembrando altas expectativas por tratarse de una mujer egresada del Ejército.


Se fue la Mayor por la puerta de atrás y llegó Echeveste ante la sorpresa generalizada. El segundo de tres secretarios en aquel trienio que luego presumiría Sheffield como el de menor índice delictivo en la historia reciente de León. Imagínese.


NUEVO DESPLIEGUE FEDERAL: CALIDAD Y CANTIDAD


Hay un hecho irrefutable. El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador puede acreditar en los hechos un interés por dotar a Guanajuato del apoyo necesario para el combate al crimen organizado.


Ayer, dio una nueva muestra con el anuncio del despliegue de miles de efectivos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal en 17 regiones del país, de las cuales 4 se ubican en Guanajuato.


En nuestra entidad se van a desplegar 2 mil 400 elementos de estas instancias en 4 regiones que encabezan los municipios de Celaya, Irapuato, Salamanca y Moroleón. Una acción inédita en la historia reciente de la aparición de Guanajuato como foco rojo de inseguridad en el país.


Quizá el único dato que extraña es la ausencia de León como beneficiario de este despliegue aunque está perfectamente cubierto el triángulo en el que se ubica la zona caliente de inseguridad en el estado, cercana a Villagrán en donde se asienta un grupo delictivo de interés nacional.


Con el anuncio de hoy queda más evidenciado el abandono al que sometió el gobierno de Enrique Peña Nieto a Guanajuato en el discurso y en los hechos en el combate al crimen organizado y el consiguiente silencio de Miguel Márquez que, salvo esporádicos pataleos, no rezongaba ante el estado de cosas.


Pero vale decir. No es suficiente el despliegue operativo de fuerzas que por lo demás, vuelve a hacer evidente la incapacidad de los gobiernos locales en su mayoría panistas, para contar con Policías municipales confiables.


Además de la cantidad de elementos, es indispensable la calidad de la coordinación. Alfonso Durazo habló ayer de la intervención del Ejército y la Marina en Villagrán la semana pasada.


Dice que no fue operativo y que no iban tras el líder del grupo delictivo que gobierna en el ámbito del ‘huachicol’. Casi casi dijo Durazo que era una acción coordinada por el grupo de mando regional, algo difícil de creer en esos niveles.


Hay ciertos indicios que señalan que no hubo total sintonía entre las autoridades federales y la estatal en esa escaramuza y que si no fue operativo y que no iban por alguien en particular, el mensaje fue exactamente al contrario.


La cantidad de elementos es un gran dato. La calidad de la coordinación está por verse.

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GARRA DE LEON

7/2/2019


Que al menos el arranque del proceso del Fondo Estatal para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública Municipal creado en la actual administración inicia sin contratiempo, los 46 alcaldes manifestaron su intención de participar, la última en amarrar fue la alcaldesa de Atarjea, María Elena Ramos, y no porque hubiera una negativa, sino porque la tecnología no ayudaba mucho.


El plazo venció ayer y el encargado de sacarlo adelante fue el secretario técnico del Consejo Estatal de Seguridad y también titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Marco Antonio Sánchez Aparicio, por cierto todos los alcaldes arrancan en la misma pista y ahora es su turno cumplir con lo que se les pide para acceder al fondo.


Que los que no se van a subir al carro para apoyar ni de chiste el pase automático del actual procurador general, Carlos Zamarripa Aguirre, como Fiscal, son los empresarios de León comandados por José Arturo Sánchez Castellanos, quien asegura ya se lo han manifestado al gobernador Diego Sinhue.