El “affaire” de Estefanía Monroy y la política como medio facineroso: el ser y el deber ser


La política, desde tiempos inmemoriales ha sido vista con descredito. Para la gran mayoría en este y otros países, es sinónimo de corrupción y enriquecimiento ilícito. Nada de enriquecimientos inexplicables, porque resultan muy explícitos.


Políticos renovados, humanos, y que su principal meta sea el bienestar del pueblo y no vivir literalmente de la res pública, es cosa que se antoja muy difícil, casi imposible en México.


El “affaire” de Hugo Estefanía Monroy coloca a Guanajuato en el ojo del huracán y muchos políticos deberían “poner sus barbas a remojar”.


Por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador giró instrucciones precisas para que se investigue al perredista y ex alcalde de Cortázar por sus presumibles nexos un operador del Cártel de Santa Rosa de Lima luego de un audio filtrado a las redes sociales.


Es en este tipo de asuntos, donde se debate el ser y el deber ser de la política cobra vigencia: Por un lado una política de desarrollo social, más allá de un crecimiento de estándares macroeconómicos y por el otro, el enriquecimiento desvergonzado de la clase política facinerosa, con un pueblo muriendo de hambre.

*Periodista

*Comisionado del Consejo de Periodistas del Estado de Guanajuato A.C.

*Diplomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Derecho

Internacional de los Derechos Humanos

*Abogado con maestría en Derecho Procesal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial.

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Personal de la @FGEGUANAJUATO no están debidamente capacitados en el nuevo sistema de justicia penal: Alcántara Soria

Juan Miguel Alcántara Soria, ex Procurador de Guanajuato y titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, aseguró que más del 70% del personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, no están debidamente capacitados en el nuevo sistema de justicia penal, esto ante la liberación de Angélica “N”, cuñada de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, y presunta operadora financiera del Cartel de Santa Rosa de Lima, y el policía federal, Javier “N”:


Entrevista completa:


Con información de @alexramblasr.




Gozo del timón, de golpe al pozo


Por: Juan Miguel Alcántara Soria

Publicado en Milenio.


Sociedad guanajuatense estupefacta ante descontrol de violencia y liberación de inculpados. Gobierno pasmado. En vísperas de presentar el Gobernador informe al legislativo y de visita del Presidente López Obrador, parecían estar alineados los astros.


Operación bautizada “golpe de timón”, escenografía espectacular para presumir los mejores resultados comprometidos. Años inexplicadamente intocable, por fin se enfrentó al capo en su guarida de Villagrán, deteniendo a operadora financiera y policía cómplice; operación que federales dicen es guanajuatense, y los locales asignan a Federación.


Los locales vieron ocasión de lucimiento. La realidad, es terca, tarde o temprano resurge. Cadena de errores de fiscalía guanajuatense enlazada a eslabones federales provoca liberación de inculpados: un palo más de los jueces. Y coletazos sangrientos en Salamanca de bestia epidérmicamente herida. Animal herido luego es más peligroso. Imagen deplorable recorre el mundo; en Fundación Comunitaria del Bajío recibiríamos pasado sábado treintena de funcionarios de Carolina del Norte que cancelaron luego de rafagueo de oficinas de la Fiscalía de la República en Irapuato.


La Fiscalía de Guanajuato adelantó que detuvo a mujer operadora financiera y a un elemento de policía federal por encontrarles armas de fuego y droga. Debió saber quiénes eran e integrar correctamente su carpeta de investigación para acreditar con datos de prueba lo que declaró a los medios: que eran parte de una organización criminal. Primer error: declarar y no acreditarlo en la investigación. Segundo, al conocer su identidad debió avocarse a obtener datos de prueba sobre otros delitos (delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita –lavado de dinero-, autores intelectuales de homicidios): la operadora financiera pagaría sicarios para ejecutar personas; por lo cual era vinculable a homicidio en la modalidad de instigadora, el policía federal dio información y es coautor; no hacerlo y ponerlos a disposición del juez federal solo por portación de armas evidenció, por un lado, que la Fiscalía guanajuatense no tiene ninguna investigación sólida en carpeta para relacionarlos con homicidios o ejecuciones ocurridas en el Estado; por otro, que se limitan a atribuir responsabilidades sin tener datos de prueba. Tercero, debieron poder acreditar algún delito del fuero común (relacionarlos con homicidios, ejecuciones) y ejercitar acción penal en prevención o bien por competencia concurrente; al no haber investigado bien fiscalía hizo simple remisión a juez federal con resultados deplorables. Cuarto, la falta de coordinación federación-estado, motivada por noticias vendibles oportunas, impidió entregar de inmediato y directamente a autoridad federal para que ésta hiciera uso de herramientas jurídicas para investigación de delincuencia organizada, consumiéndose tiempo determinante.


Si Fiscalía guanajuatense no tenía elementos para relacionarlos con otros delitos, debió acreditar que imputados representaban peligro para la sociedad, para víctimas, para testigos, y así dejar camino preparado al Ministerio público federal quien sí pudo solicitar prisión preventiva. Esto requiere trabajo de investigación serio a cargo de las unidades de medidas cautelares (Umecas) que en Guanajuato no se hace, y coordinación. Hemos dicho múltiples veces que aun cuando por la portación de arma se tiene derecho a la libertad, hay excepción legal: cuando se acredita en carpeta los peligros referidos.


En masacre de Salamanca se dice hubo ejecuciones entre cárteles. ¿Con base en qué lo declara y luego no se demuestra? Versiones recientes aclaran que también privaron de la vida a personas ajenas, inocentes ahora re-victimizados, otro eslabón de errores.


Recuperemos credibilidad a partir de la verdad, solo de la verdad, que exige rectificación de autoridades. Veracidad, justicia y prudencia.

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