Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato
A continuación presentamos las siguientes aportaciones que hablan sobre la conformación del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato:
Periodismo y su defensa, por Felipe de Jesús Canchola González
“Tirios y troyanos” la constitución del Consejo de Protección de Periodistas en Guanajuato, por José Manuel Delgado Morales
Pedimos un honorable Consejo de Periodistas: Sandoval está impedido, por Pablo César Carrillo
Ataques a la libertad de expresión en Guanajuato, escrito por Arnoldo Cuellar
Periodismo y su defensa
Por Felipe de Jesús Canchola González
La verdadera profesión periodística se ha convertido en una actividad de alto riesgo, que coincide precisamente con el declive de los gobiernos de la República, y yo agregaría, de algunos estados. Gobiernos que no garantizan la vida, no pueden garantizar la libertad de expresión.
Las cifras de asesinatos en general se han disparado. Los periodistas no pedimos privilegios, solo el respeto a nuestra vida y la de los demás. Es muy sintomático que se nos asesine, porque esa es una manera de acallar a nuestra sociedad dual, es decir, una comunidad que se ha convertido en víctima y victimaria.
Las redes sociales tienen una función muy importante, que es mantenernos, no solo al día, sino al momento con la información. Cuando en ellas o en cualquier medio escrito, electrónico y/o cibernético se hace un periodismo serio, profesional y a cabalidad, llegan las agresiones, porque se da material para la reflexión y va mucho más lejos de la mera noticia.
El periodismo estable, el que todavía es muy sólido, el profesional, el que sí ofrece garantías, tiene mayor riesgo. El que se hace con profesionales que, mínimo, aún cuidan el respeto gramatical, las técnicas de la redacción, los géneros y los derechos fundamentales de las personas, merece ser defendido.
Ser periodista no es cosa del otro mundo. Pero serlo en la forma correcta, con moral social y profesional, con respeto al derecho de terceros y con auténtico sentido de su función social, no es una cosa menor.
A ese periodismo queremos defender, impulsar y fomentar como agrupación. Defender la libertad de expresión y la integridad personal de los profesionales que la ejercen; impulsar un periodismo profesional, sin desvíos; y fomentar los derechos fundamentales de la sociedad a la que nos debemos.
Por ello y por mucho más, el Consejo de Periodistas de Guanajuato, A. C., solicitó integrarse al Consejo Estatal y Comité Técnico de la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato. Los intereses escondidos en torno al tema, no abonan a la unificación gremial que debe fortalecernos.
Periodista.
Abogado con Maestría en Criminología.
Catedrático universitario.
Consejero ciudadano en el INE.
Presidente del Consejo de Periodistas de Guanajuato, A. C.
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“Tirios y troyanos” la constitución del Consejo de Protección de Periodistas en Guanajuato
Por: José Manuel Delgado Morales *
La conformación del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato merece una definición razonada y razonable.
Aunque no será una entelequia de equilibrios, sí amerita que vayamos reforzados en las voluntades ante la fuerza que implica el Estado como noción de monopolio de fuerza. Es ahí donde el gremio periodístico (y los colectivos de DDHH) debe ir más allá de voluntades externas de los intereses, que nos son propios.
El diferendo entre pares no sólo es sano, sino necesario en la vida democrática de México, sin embargo hay intereses que deben sumar, más allá de la confrontación en posiciones irreductibles de pretendidas reverencias o irreverencias.
Por supuesto que quienes aspiren deben contar con reconocido prestigio profesional y personal, pero no ese perfil arrogado, sino nacido del reconocimiento social, público y entre pares.
Liarse Tirios y Troyanos es lo que menos abona a la conformación de un consejo que engrandezca la vigencia de un Estado respetuoso de la seguridad jurídica de periodistas y personas defensoras de DDHH consagrada en el artículo 1º. de la Constitución General de la República.
Más aún, las propuestas además deberían ser validadas, no por la Secretaria de Gobierno vía sub Secretaría de Vinculación y Desarrollo Político, instancia que revisa las solicitudes, sino por el Congreso del Estado, que se antoja menos dirigido a favorecer a contentillo por intereses creados o por lo menos se da en condiciones de mayor debate.
Esa medida de validación legislativa abonaría a la corriente cada vez más fuerte de democratizar las instituciones y no dejar una determinación de esta envergadura a la decisión de la propia autoridad que debe tener un contrapeso natural y auténtico.
Esperemos que el Consejo quede conformado por representantes del sector de medios de comunicación y de defensa de los Derechos Humanos, comprometidos con esta tarea, para que hoy, por hoy, se apegue la autoridad, de manera indubitada al Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Periodista
Comisionado del Consejo de Periodistas del Estado de Guanajuato A. C.
Director de Vinculación y Comunicación de la Barra de Abogados del
Estado de Guanajuato A. C.
Diplomado en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Cuenta con Maestría en Derecho procesal en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial
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Pedimos un honorable Consejo de Periodistas: Sandoval está impedido
De Ocho News 1/4/2019
Pablo César Carrillo
En estos días se debe integrar el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato y, lamentablemente, no hay muchos aspirantes apuntados.
Por primera vez en Guanajuato se integrará un consejo de defensa y por lo mismo se necesitan seis personas con una trayectoria incuestionable desde el punto de vista ético y profesional. Tristemente no hay muchos nombres en la lista.
Uno de los aspirantes es el profesor universitario Raymundo Sandoval, quien fue ofensivo hace unos días con la diputada del PAN Emma Tovar, al decirle “qué pendeja eres” en un mensaje de redes sociales. Aunque Sandoval está impedido legalmente para ser representante de las periodistas y los periodistas.
Raymundo Sandoval envió una carta de disculpa a la diputada Emma Tovar (con copia a DeOchoNews) y renunció a su registro para ser cabildero del Congreso del Estado
Primero: está impedido legalmente porque la convocatoria en su Artículo Segundo establece que uno de los requisitos para ser integrante es “no desempeñarse como servidor público al momento de su designación, ni en los dos años anteriores a la misma”. El profesor Raymundo Sandoval es actualmente maestro de la Universidad Pedagógica Nacional, por lo que es funcionario público y cobra del Gobierno. Eso significa que legalmente está impedido para ocupar uno de los seis lugares.
Segundo: Raymundo Sandoval tendría complicaciones para conseguir el respaldo y el respeto de las defensoras y los defensores de los derechos humanos y las periodistas y los periodistas por haber ofendido a una dama, la diputada del PAN Emma Tovar. La realidad es que no se puede ser al mismo tiempo agresor y defensor de las personas.
De hecho, Raymundo Sandoval envió una carta de disculpa a la diputada Emma Tovar (con copia a DeOchoNews) y renunció a su registro para ser cabildero del Congreso del Estado por considerar él mismo que puede incumplir normatividades del legislativo, debido a que su comentario fue ofensivo.
Aunque el problema en verdad es que no hay muchos perfiles listos para integrar el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato. Y lo importante a final de cuentas es formar un Consejo serio y responsable, con verdadero interés por los derechos de las personas, con respeto al otro y vocación de servicio a la sociedad.
Claro que sí hay defensores y periodistas con estas características. Y todos sabemos quiénes sí son y quiénes no son. Ojalá designen en el Consejo a periodistas profesionales, con trayectoria y ética, con reconocimiento de los compañeros de oficio y con congruencia entre lo que dicen y hacen.
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Ataques a la libertad de expresión en Guanajuato
1/4/2019
Por: Arnoldo Cuellar
El Partido Acción Nacional, gobernante en el estado de Guanajuato desde 1991, parece adentrarse en una lógica de decadencia y descomposición política, visible en varias de sus prácticas, pero sobre todo en una que lo evidencia como pocas: el intento de controlar a los medios y de someter las opiniones independientes y críticas, bien por la vía de la censura, bien por la del ataque personal y el intento de desprestigio.
Que lejos, pero también que cerca estamos de ese 1991.
Lejos porque el PAN de entonces, representado por Vicente Fox Quesada, por Carlos Medina Plascencia, que luchaba por abrirse paso ante la maraña de intereses de los medios de comunicación de la época para hacer llegar su mensaje, no tiene nada que ver con el PAN de hoy, más hijo del PRI que del Maquío.
En 1988, las clases medias del país conocieron las duras críticas de Manuel Clouthier al sistema priista gracias a la circulación en videocasetes de una entrevista del empresario sinaloense realizada por el periodista Guillermo Ochoa, en un horario matutino de bajísima audiencia.
En 1991, Vicente Fox debió aporrear la puerta de las estaciones de radio de Guanajuato para que le dieran cortísimas entrevistas dentro de su campaña política a la gubernatura y solo unos cuantos radiodifusores lo hicieron, temblando de miedo por la posible pérdida de la concesión a manos de la Secretaría de Gobernación.
En ese mismo año, la invitación de un grupo de universitarios a Fox para acudir al edificio central de la UG provocó otro terremoto. Las consultas entre el rector Luis Felipe Sánchez y el gobernador priista Rafael Corrales Ayala condujeron a la decisión de no impedir la entrada del candidato panista, pero abrirla para todos los demás contendientes.
El resultado lo podrán imaginar: la única visita que estuvo repleta con asistentes orgánicos, como les llamaríamos hoy, fue la del empresario leonés; la de Ramón Aguirre Velázquez debió ser reforzada con acarreados y las restantes pasaron sin pena ni gloria.
Y estamos también cerca de 1991, porque el miedo que entonces exhibía el PRI a la crítica, la disidencia y a todo lo que significara un distanciamiento o un rechazo del “pensamiento único tricolor”, hoy lo vemos internalizado en el PAN de este 2019 en Guanajuato.
Los ataques a la prensa por parte de los gobernadores panistas no son nuevos. Quizá los primeros antecedentes vengan de la gestión de Juan Manuel Oliva, que primero envío a su secretario de gobierno Gerardo Mosqueda a “responder” las críticas de por lo menos dos medios de comunicación, A. M. y El Correo, lanzando insultos a sus directivos: “faunos rastreros” nos llamó el funcionario a Enrique Gómez y a quien esto escribe y agregó que escribíamos “pendejada tras pendejada”.
Ese fue el primer aviso. El ataque en toda regla ocurrió contra A. M. cuando el gobernador Juan Manuel Oliva y su directora de Comunicación Social, Juana de la Cruz Martínez Andrade, suspendieron toda la publicidad gubernamental, incluyendo dependencias autónomas e incluso algunos municipios, a ese medio de comunicación, decidiendo que el presupuesto se puede usar como un fondo privado al contentillo del gobernante en turno, sin reglas ni rendición de cuentas.
Ese PAN, de Oliva, Mosqueda y Martínez, ya estaba a años luz del que habían llevado al poder los Fox, los Medina, los Romero Hicks.
Márquez recayó en las andadas, sobretodo a través de su último vocero, el periodista defeño Enrique Avilés Pérez, quien adoptó la táctica de premiar a los medios que se subordinaban a sus deseos y castigar a los que marcaban distancia y se mantenían críticos.
Pero no solo eso. Por primera vez en Guanajuato, el presupuesto de prensa se utilizó para contratar empresas fantasmas, en una clara línea de desvío de recursos públicos, algo que permanece impune hasta la fecha y que ni siquiera está siendo investigado. Además, un medio de comunicación que publicó esas irregularidades, Zona Franca, fue objeto de una auditoría fiscal nunca suficientemente explicada.
Diego Sinhue Rodríguez, junto con su equipo millenial y con la asesoría de la misma funcionaria que opera desde los años de Juan Manuel Oliva, Juana de la Cruz Martínez, está cruzando otros límites. Incluso se ha permitido “tirar línea” a los reporteros de la fuente de gobierno, que lo abordan, como es tradición, al final de los actos oficiales: “ya saben de qué no deben preguntar, verdad?”, les espetó hace unas semanas, en una actitud que ya registraron organizaciones como Artículo 19.
Además del uso de la publicidad para orientar líneas editoriales, comprar ocho columnas en los medios y frenar críticas, ahora también establece una línea de persecución pública a periodistas y defensores de derechos humanos que resultan incómodos para el accionar gubernamental.
La reciente oposición a la decisión de designar a Carlos Zamarripa como Fiscal General de Guanajuato (El #fiscalmáscarnal de México), ha derivado en un consistente hostigamiento a través de redes sociales en contra de algunos de los activistas que participaron en el movimiento Fiscalía Que Sirva.
Un caso es el del académico y activista Raymundo Sandoval, perseguido por persistentes troles en Twitter y también denostado por columnistas que transparentemente se han convertido en voceros del régimen dieguista.
Un tuit descompuesto del activista Sandoval donde ofendía a una diputada panista con un meme, ha sido utilizado para montar en su contra una ofensiva, contrastando el insulto, del que por cierto ya se ha disculpado ante sus seguidores y ante la propia afectada, con su postura de defensor de derechos humanos y derechos de las mujeres.
Desde luego, como cualquier persona que se equivoca y que lo hace en el espacio público, Raymundo Sandoval o cualquier pueden ser objeto de censura, de crítica y hasta de escarnio, de eso van las redes sociales y el que se lleva, se aguanta.
Pero una cosa es la interacción normal entre individuos con ideas, filias y fobias distintas, y otra muy diferente la actuación concertada de agentes del estado que se mueven bajo el paraguas de recursos públicos para atacar a un individuo y tratar de mermar su prestigio o su actitud crítica. Y ante eso estamos.
En estos días se define la integración de representantes ciudadanos al Consejo Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en Guanajuato. Raymundo Sandoval, junto con periodistas y defensores como Verónica Espinosa, Verónica Cruz, Carlos García, Alberto Martínez y Patricia Rodríguez, están buscando un lugar en ese consejo el cual para funcionar con plena representatividad, necesitará presencias independientes, pues de lo contrario sería otra simulación.
No es remoto pensar que la calculada ofensiva lanzada contra el también catedrático universitario tiene que ver con un intento de inhibir sus posibilidades de acceder a un asiento en dicho órgano. Tampoco está muy lejana la causa de ese encono, que no sería tanto el malhadado tuit, como la actitud crítica hacia el fiscal carnal, por cierto defendido en forma expresa por el periodista que encabeza la ofensiva contra Raymundo Sandoval.
En Guanajuato no se ha avanzado un solo centímetro en la regulación de la publicidad oficial, no obstante que el tema viene siendo discutido a nivel nacional y local como un imperativo para modernizar y transparentar las relaciones entre los medios y el gobierno. Mostrando que este panismo degradado que nos gobierna ya no tiene la energía para renovarse.
Sin embargo, el hecho de que agrave el control de la prensa y de la opinión pública mediante estrategias represivas que utilizan perfiles falsos de redes sociales y columnistas orgánicos, exhibiría una escalada mayor contra la libertad de expresión solo explicable en términos de una fuerza política que hace mucho que perdió la iniciativa y ya solo defiende jirones de poder.
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Nota relacionada:
Dan a conocer el proyecto de Reglamento de Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
La Dirección General de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Guanajuato y “en alcance a los acuerdos de las mesas de trabajo sostenidas" con los periodistas, defensores de los Derechos Humanos y el Lic. Alfonso Ruiz Chico, Subsecretario de Vinculación y Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, dio a conocer el proyecto de Reglamento de Ley Para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado.
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