Ley de Comunicación Social

En mayo de 2018, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que expide la Ley General de Comunicación Social. Dicha ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.


Nerviosismo en medios por asignación publicitaria


Por: Miguel Badillo


En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no se ponen de acuerdo en el cómo y el cuánto respecto de la asignación de recursos públicos para publicidad gubernamental (2019), y menos en los porcentajes para cada medio de comunicación.


Por lo pronto, hay una enorme expectación y nerviosismo en el sector por el anuncio que hizo hace unos días el presidente de la República de una reducción del 50 por ciento en el presupuesto público destinado a las campañas publicitarias con relación a lo entregado en 2018 por Enrique Peña Nieto. El año pasado el presupuesto ascendió a 8 mil 751 millones 789 mil pesos, de tal manera que para este 2019 el monto bajaría a 4 mil 375 millones 894.5 mil pesos.


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Diputados aprueban quitar facultad de Segob sobre medios públicos


Los diputados aprobaron, en lo general y en lo particular, la minuta del Senado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tras la aprobación con 328 votos a favor, 49 en contra y 0 abstenciones, la minuta pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).


Las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.


La Cámara de Diputados había aprobado el dictamen de reforma a esta legislación el 14 de noviembre y lo turnó al Senado de la República, que realizó modificaciones a los artículos 8, 17 Bis, 27, 33, 37 y 40.


El Senado tiró la facultad que se le había conferido a la Secretaría de Gobernación, en la fracción VIII del artículo 27, para “proveer el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional”.


La Cámara alta le adicionó las fracciones VII Bis, VII Ter y VII Quáter, en uno de los cuales se establece que la Secretaría de Gobernación podrá formular y coordinar la política de prevención social del delito, la cultura de paz y de la legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad.


Inicialmente la ley indicaba que correspondería a Gobernación administrar los tiempos del Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias, lo que fue reservado por el legislador de Morena, Ricardo Monreal.


Monreal dijo que la palabra ‘proveer’ el servicio de radiodifusión altera el propósito fundamental para que la Segob tenga una potestad que los legisladores no quieren, desean, ni piensan que la dependencia deba tener.


“Por eso, en atención a los señalamientos de todos los actores, en materia de medios de los derechos de las audiencias, propongo la reserva para que se elimine la referencia ‘proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, con el fin de regresar a la redacción original de la iniciativa y mantener como hasta ahora la disposición normativa que todos conocemos”, indicó.

Con información de El Financiero.

Senado da marcha atrás; Segob no controlará medios públicos

A propuesta de Morena, se eliminó de la minuta de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la disposición que confería a la Secretaría de Gobernación, la facultad de controlar a los medios de comunicación públicos.


Durante la discusión, aprobada en lo general, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal propuso ese cambio al Artículo 27, a fin de eliminar la disposición que impusieron los diputados, en el sentido de que la Secretaría de Gobernación tenía la facultad de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”.


En tribuna, Monreal recalcó que más allá de los debates y la preocupación manifestada por comunicadores y organizaciones sociales, la nueva administración que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador, garantizará el tránsito “hacia un modelo de gobierno abierto, con un pleno respeto a la libertad de expresión, sin gastos excesivos, sin control, sin cooptación, sin compra de silencios o favoritismos para personalidades políticas o públicas.”


El objetivo es “establecer una relación sana, franca y libre..”


No habrá coerción, dijo, hacia los medios de comunicación, sea cual sea su origen y sea cual sea su dueño, y con la autonomía de los medios públicos de comunicación”.


Expuso que el objetivo del nuevo gobierno y de la Secretaría de Gobernación, es “establecer una relación sana, franca y libre con los medios convencionales y digitales, bajo un nuevo enfoque social, bajo un nuevo enfoque cultural, basado en una libre expresión responsable”.


El senador Monreal agregó que por ello presentó a nombre de Morena esa reserva, que deja claro que las atribuciones de la Secretaría de Gobernación no se van a alterar y “seguirán siendo las que históricamente ha tenido hasta ahora”, sin que signifique de alguna forma, intervenir en algún medio.


Dijo que se aceptan las críticas, porque la palabra “proveer”, da a la Secretaría de Gobernación una potestad “que nosotros no queremos, ni pensamos ni deseamos”.


Menos, después de casos tan controvertidos como la llamada ley Televisa, “o los actos reprobables de censura en contra de Carmen Aristegui, de Gutiérrez Vivó, de tantos reporteros, comentaristas, titulares de noticiarios en provincia que han sido cesados por atreverse a cuestionar, a criticar a determinados personajes de la vida pública y privada, que impactan en sus derechos de audiencias”.


“Señores comunicadores, académicos y gente que comentó sobre esta situación que les preocupaba, están servidos”, concluyó. La modificación fue aprobada por unanimidad. La reserva la habían presentado también las demás fuerzas políticas.

Con información de La Jornada.

Retroceso en materia de libertad de expresión: Erandi Bermúdez


El senador panista José Erandi Bermúdez Méndez calificó como un retroceso grave a la libertad de expresión, los cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que establecen que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.


En conferencia de prensa los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y representantes de diversas organizaciones relacionadas con la libertad de expresión y la radiodifusión en el país, entre las que destacan la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Organización Interamericana de Defensores de las Audiencias y Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), entre otras, Erandi Bermúdez consideró preocupante la aprobación de cambios a esta “porque representa un retroceso en materia de libertad de expresión”.


Hace un llamado para defender el derecho a la información


En ese sentido, Bermúdez Méndez hizo un llamado a todas las fuerzas políticas en la Cámara Alta para que revisen los cambios realizados, a fin de evitar que Segob tenga injerencia en los medios informativos de carácter público.


“Hoy nos preocupa que el gobierno quiera regular a los medios públicos y el día de mañana sean los privados. Nos preocupa que esta batalla que hemos ganado todos los mexicanos en materia de la libertad de expresión, con esta reforma, vaya a tener un retroceso”.


Exhortó a los senadores de las demás fuerzas políticas a defender el derecho a la información de todos los mexicanos, ya que la única forma de que los medios de comunicación cumplan con su responsabilidad de informar con imparcialidad, es que sean independientes del Ejecutivo federal.


“Esta es una batalla que debemos librar todos y todos la hemos ganado juntos para que el día de mañana el gobierno no tenga que decirles (a los medios) qué poner y qué no poner. Estos medios son propiedad del Estado mexicano no del gobierno, es por eso nuestra preocupación”.


¿Segob va a controlar los medios públicos?

Expertos lo temen, diputados lo niegan


La Cámara de Diputados aprobó el 13 de noviembre una reforma sobre la relación de la Secretaría de Gobernación (Segob) con los medios públicos, que especialistas consideran un riesgo de control autoritario, aunque los legisladores lopezobradoristas rechazan esa interpretación.


“A la Secretaría de Gobernación corresponde (…) proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. Esta fue la frase que quedó aprobada en el artículo 27 fracción octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) —que cada nuevo gobierno ajusta para establecer cómo se va a organizar—, a pesar de que no estaba en la iniciativa original.


Actualmente, esta ley sólo concede a Segob facultades para “formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información”, en su fracción 39, y vigilar que las publicaciones no atenten contra derechos de la vida privada, los niños o la paz, en la fracción 40.



"Hay un error en la redacción": Ricardo Raphael


Para Ricardo Raphael, académico del CIDE y colaborador de Canal Once —la televisora pública más antigua de México—, hay un error en la redacción y antes de pensar que hay una intención perversa del gobierno, pide que se corrija en el Senado, que recibirá la iniciativa esta semana.


“Si el argumento de la redacción fuera que la Secretaría de Gobernación debe asegurar la provisión, yo estaría muy conforme con la redacción, y ojalá la Cámara de Senadores agregue ese verbo. Pero si queda como está, que es ‘proveer el servicio’, pues sí estaríamos en una muy mala redacción jurídica que chocaría con otras leyes…”.


Aleida Calleja, experta del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), está segura de que no fue un descuido y consideró que este cambio es un retroceso en el camino hacia tener medios públicos que sean verdaderamente independientes del gobierno, como en otras partes del mundo.


“Que la Secretaría de Gobernación tenga injerencia en la política pública o en la regulación de los medios es uno de los rasgos autoritarios de los más cuestionables y que no nos hemos podido zafar en este país. Incluso en países de Latinoamérica se quedan con el ojo cuadrado de que aquí sea así. Y dos: el poco avance que habíamos logrado para ir hacia medios verdaderamente públicos y no gubernamentales, dándoles cierto margen de independencia, pues se va por la borda”, lamentó.


Con la reforma en Telecomunicaciones de 2013, explicó, ya se había cuestionado mucho que todavía se le dejaran facultades sobre los medios a Segob, en lugar de que todo pasara a manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Aun así, se creó el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) para coordinar a los medios públicos, que en términos de diseño institucional, aunque no es un organismo autónomo, tampoco está sectorizado, es decir, no depende de ninguna secretaría, lo cual implicaba cierta independencia.



“Vamos a la época de (Manuel) Bartlett”: Héctor Villareal


Esta preocupación la comparte Héctor Villareal, quien fue director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de Notimex y ocupó varios cargos de comunicación social durante los sexenios del PAN. En la época de Vicente Fox, explicó, el IMER pasó de estar sectorizado en Segob a estar en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la tendencia era a acercar a los medios públicos más a instancias ciudadanas.


“Regresar a la Secretaría de Gobernación la prestación del servicio de radiodifusión es acabar, así, de tajo, anular la expectativa que me parece legítima, ciudadana, de tener medios públicos como en una democracia normal. Es mandar al diablo los últimos 18 años o más, y regresar a cuando (Carlos) Salinas”, expresó.


“Vamos a la época de (Manuel) Bartlett. Es la idea de los medios que él tenía”, dijo en relación a quien fuera secretario de Gobernación entre 1982 y 1988, hoy propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



¿Qué quisieron decir los diputados?


La diputada morenista Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, que elaboró el dictamen, dijo en entrevista con Animal Político, que el objetivo es que haya mejores contenidos en los medios públicos.


“Lo que se propone es que se requiere que la Segob trabaje con el SPR para que más mexicanos y mexicanas tengan acceso a mejor contenido de radio y televisión. Muy poca gente conoce el Sistema Público de Radiodifusión, y es porque esta entidad no ha tenido el acercamiento suficiente a las localidades y a la gente, y el objetivo es cambiar esta premisa. Entonces con este cambio que nosotros hacemos al artículo 27, abrirá y difundirá cultura, información y arte. No se trata, como lo han mencionado, de una máquina política tendenciosa o de propaganda gubernamental. Eso es un error”.


—Pero la reforma no menciona eso del SPR, sólo dice ‘servicio de radiodifusión pública’—, se le hizo ver.


“Así es, servicios de radiodifusión, y lo que se quiere es, como te digo, generar las condiciones de un mejor contenido en información”, señaló.


Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, cree que las críticas a lo aprobado obedecen a que “le andan buscando chichis a las hormigas” y en realidad la nueva redacción deja todo como estaba, sin dar al gobierno mayor poder sobre los medios.


“Nuestro objetivo nunca ha sido ese y nuestras intenciones no podrían estar más lejanas a esa interpretación que se hace a la ley que aprobamos. Si inclusive a Gobernación se le quitaron un montón de facultades, Gobernación ha quedado como el espacio de construcción política y de acuerdo por excelencia. Y los compañeros que van, Olga Sánchez, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, se caracterizan por su absoluta disposición al diálogo y al acuerdo, ¿para qué demonios van a querer una herramienta autoritaria? Eso no tiene sentido”, afirmó.


Pero Mario Campos, exdirector de información en el IMER y actual conductor en medios privados, considera un riesgo esta explicación.


“Haber trasladado los medios públicos a la SEP, como se hizo en su momento, y no a Gobernación, mandaba un mensaje político que indicaba que no eran un instrumento de propaganda, sino que eran medios como tal de servicio público, con una vocación distinta. Entonces el cambiar nuevamente y regresarlos a Gobernación, más allá de las personas que encabecen las instituciones —porque habrá quien diga que Olga Sánchez Cordero quizá no haga un uso político de los medios y quizá yo podría estar de acuerdo con ello—, pero las instituciones tienen que ver más allá de las personas que las encabezan, tiene que ver con el diseño, y cuando lo pasas de la SEP a Gobernación, mandas una señal que me parece es preocupante para todos”, comentó.


“Lo mínimo que habría que esperar es una explicación de cuál es la racionalidad detrás del cambio, y de qué garantías institucionales van a desarrollarse para que los medios se fortalezcan en tanto medios públicos y no estén subordinados a la agenda del gobierno en turno”.



Una reforma a medio proceso legislativo


El pasado 18 de octubre, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre otras modificaciones a la estructura de gobierno cambia el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por la de Bienestar y crea la de Seguridad y Protección Ciudadana.


En el artículo 27, referente a Segob, sólo se mencionaba con relación a los medios las facultades de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión, y orientar los programas de comunicación social. Nada sobre “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”, una frase que quedó en la redacción final del dictamen presentado ante el pleno.


Animal Político buscó a Delgado para conocer su postura, pero el diputado pidió unos minutos para revisar el tema y no dio respuesta.


Rocío Barrera, presidenta de la comisión que analizó la iniciativa, dijo que las modificaciones se hicieron tras diferentes mesas de trabajo y observaciones de los diputados, pero que este punto estaba desde el primer dictamen que se elaboró el 5 de noviembre y que nadie dijo nada en contra.


La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle cuestionó de dónde salió esta frase que no estaba originalmente, además de criticar que sólo la Comisión de Gobernación analizó la iniciativa, a pesar de que toca una amplia variedad de materias y de dependencias.


“No recuerdo que nadie haya propuesto nada en ese sentido; apareció en el proyecto de dictamen, y varios temas así aparecieron, como el de que Sedena y Semar sí tenía oficialías mayores y las demás dependencias no. Lo que nos hace suponer es que, como cuando en el PRI, hay una mano que metía cosas que nadie había propuesto como legislador”, señaló.


Aleida Calleja, experta en telecomunicaciones, también cree que hay motivos para sospechar de esta modificación.


“Cuando supimos de este tema, buscamos a las personas con las que tenemos contacto del equipo de transición, les dijimos que el acuerdo había sido que Gobernación no tenía más manos en esto… Pero si juntas eso, ya en el sospechosismo, con el anuncio de López Obrador de que los dueños y directivo de las principales televisoras van a ser sus asesores, pues algo huele, ¿no? Así han operado las televisoras de manera histórica, gane quien gane quieren estar juntito con derecho de picaporte”.



¿Pero las televisoras privadas qué ganarían?


“A los medios comerciales les conviene que los públicos sean medios gubernamentales, débiles y sin audiencia. ¿Qué pasa cuando tienes medios públicos verdaderamente independientes en el ámbito editorial? Que informativamente son muy fuertes. La gente puede ver cualquier cosa, pero para informarse, ve su medio público. Tienes el ejemplo europeo, es el caso de la BBC, de la ARD en Alemania”, explicó.


La iniciativa ya fue turnada a la Cámara de Senadores, que este miércoles 21 de noviembre empezará a revisarla en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.

Con información de Animal Político.

Morena propone nueva Ley de Comunicación y derogar la Ley del PRI


El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso una nueva Ley De Comunicación Social para el Gobierno federal, y pidió derogar la que aprobó el PRI en abril pasado.


La iniciativa presentada por el diputado Pablo Gómez, se propone una nueva ley que se denominaría Ley General de Propaganda Oficial. Esta ley tiene como propósito impedir que entre en vigor el primero de enero una ley aprobada por el Congreso, con la protesta de una gran cantidad de legisladores de entonces, de la anterior legislatura, señaló Gómez.


En la distribución de tiempos oficiales, la propuesta de Morena plantea:


– 35 por ciento para el Ejecutivo federal


– 10 por ciento para el Legislativo (en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado)


– 10 por ciento para el Poder Judicial


– 10 por ciento para los organismos públicos autónomos federales


– 35 por ciento para las entidades federativas


En cuanto a la contratación de medios propone expone cuatro reglas básicas:


–No contratar con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo importe total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social


– No concentrar en un solo servicio de comunicación social (radio, televisión o prensa escrita) más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda.


– No establecer criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación


– Prohibición para contratar la difusión de noticias ni para hacer pagos para la difusión de actos oficiales de cualquier naturaleza.


Propone que haya un sistema informativo sobre la propaganda de la administración pública federal, el cual sea controlado por la Secretaría de Gobernación.


En una intención de que la contratación de medio se dé en forma transparente, este mecanismo informativo deberá estar disponible para el público de forma física y digital.


"Estamos planteando que no se puedan incrementar las partidas de propaganda durante el ejercicio para el que fueron aprobadas, que se tenga que observar, sin modificación administrativa posible, lo que decida la Cámara de Diputados en materia presupuestal de propaganda oficial", destacó Gómez.


La iniciativa plantea una distribución correcta, equitativa de la propaganda oficial hacia los distintos medios, además de evitar que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y votaciones electorales a través de los medios de comunicación.

Con información de El Financiero y Diario Presente.

El Congreso de Gto debe emitir una Ley Estatal de Comunicación Social


14 de mayo.- Luego de ser publicada la Ley General de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de Guanajuato estaba obligado a emitir una Ley estatal de Comunicación Social, en un plazo no mayor a 90 días, es decir, antes del 11 de agosto.


¿Qué establece la Ley General de Comunicación Social?


  • La Ley es de observancia general y reglamenta el párrafo 8º del artículo 134 de la Constitución relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de Comunicación Social, establece el artículo 1º.

  • Establece que los gastos de comunicación social deben cumplir criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio. Son sujetos obligados todos los poderes públicos, así como los órganos autónomos.

  • Se establecen las reglas de la Comunicación Social, así como los contenidos que no se podrán difundir, incluidos los que destaquen, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público.

  • Cuando se difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos, se deberá incluir la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.

  • La Secretaría de Gobernación será responsable de administrar los tiempos oficiales y establecerá el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, por lo que se le denominará “Secretaría Administradora”, debe emitir lineamientos, prestar asistencia técnica, así como evaluar las estrategias, programas anuales y campañas de comunicación social.


Además:


  • Que los Organismos autónomos deben prever en su reglamento interior, un mecanismo para elaborar estrategias y programas anuales.

  • La creación de un registro de Sistema Público a cargo de la Función Pública de Comunicación Social; además, se debe poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de internet, informes semestrales sobre las campañas de comunicación social.

  • Que mencionada Secretaría Administradora debe informar bimestralmente a la Cámara de Diputados o a los Congresos locales de la ejecución de los programas y actividades gubernamentales.

  • Además, debe haber informes anuales desglosados; y deben entregarse a la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente.

  • Ante infracciones a la Ley, deben seguirse procedimiento administrativo o bien iniciarse procesos penales.


En conclusión, la recién aprobada Ley General de Comunicación Social valida el centralismo en la Secretaría de Gobernación federal, lo que, al ser trasladado a los estados, concentraría este poder en la Secretaría de Gobierno de Guanajuato.