Ley de Comunicación Social
En mayo de 2018, la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que expide la Ley General de Comunicación Social. Dicha ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
Nerviosismo en medios por asignación publicitaria
Por: Miguel Badillo
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador aún no se ponen de acuerdo en el cómo y el cuánto respecto de la asignación de recursos públicos para publicidad gubernamental (2019), y menos en los porcentajes para cada medio de comunicación.
Por lo pronto, hay una enorme expectación y nerviosismo en el sector por el anuncio que hizo hace unos días el presidente de la República de una reducción del 50 por ciento en el presupuesto público destinado a las campañas publicitarias con relación a lo entregado en 2018 por Enrique Peña Nieto. El año pasado el presupuesto ascendió a 8 mil 751 millones 789 mil pesos, de tal manera que para este 2019 el monto bajaría a 4 mil 375 millones 894.5 mil pesos.
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Diputados aprueban quitar facultad de Segob sobre medios públicos
Los diputados aprobaron, en lo general y en lo particular, la minuta del Senado que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Tras la aprobación con 328 votos a favor, 49 en contra y 0 abstenciones, la minuta pasa al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Las modificaciones entrarán en vigor al día siguiente de su publicación.
La Cámara de Diputados había aprobado el dictamen de reforma a esta legislación el 14 de noviembre y lo turnó al Senado de la República, que realizó modificaciones a los artículos 8, 17 Bis, 27, 33, 37 y 40.
El Senado tiró la facultad que se le había conferido a la Secretaría de Gobernación, en la fracción VIII del artículo 27, para “proveer el servicio de radiodifusión púbica digital a nivel nacional”.
La Cámara alta le adicionó las fracciones VII Bis, VII Ter y VII Quáter, en uno de los cuales se establece que la Secretaría de Gobernación podrá formular y coordinar la política de prevención social del delito, la cultura de paz y de la legalidad, mediante programas que refuercen la inclusión social y la igualdad.
Inicialmente la ley indicaba que correspondería a Gobernación administrar los tiempos del Estado en radio y televisión; proveer el servicio de radiodifusión pública, así como autorizar, supervisar y evaluar los programas de comunicación social y publicidad de las dependencias, lo que fue reservado por el legislador de Morena, Ricardo Monreal.
Monreal dijo que la palabra ‘proveer’ el servicio de radiodifusión altera el propósito fundamental para que la Segob tenga una potestad que los legisladores no quieren, desean, ni piensan que la dependencia deba tener.
“Por eso, en atención a los señalamientos de todos los actores, en materia de medios de los derechos de las audiencias, propongo la reserva para que se elimine la referencia ‘proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional, con el fin de regresar a la redacción original de la iniciativa y mantener como hasta ahora la disposición normativa que todos conocemos”, indicó.
Con información de El Financiero.
Senado da marcha atrás; Segob no controlará medios públicos
A propuesta de Morena, se eliminó de la minuta de Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la disposición que confería a la Secretaría de Gobernación, la facultad de controlar a los medios de comunicación públicos.
Durante la discusión, aprobada en lo general, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal propuso ese cambio al Artículo 27, a fin de eliminar la disposición que impusieron los diputados, en el sentido de que la Secretaría de Gobernación tenía la facultad de “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”.
En tribuna, Monreal recalcó que más allá de los debates y la preocupación manifestada por comunicadores y organizaciones sociales, la nueva administración que habrá de encabezar Andrés Manuel López Obrador, garantizará el tránsito “hacia un modelo de gobierno abierto, con un pleno respeto a la libertad de expresión, sin gastos excesivos, sin control, sin cooptación, sin compra de silencios o favoritismos para personalidades políticas o públicas.”
El objetivo es “establecer una relación sana, franca y libre..”
No habrá coerción, dijo, hacia los medios de comunicación, sea cual sea su origen y sea cual sea su dueño, y con la autonomía de los medios públicos de comunicación”.
Expuso que el objetivo del nuevo gobierno y de la Secretaría de Gobernación, es “establecer una relación sana, franca y libre con los medios convencionales y digitales, bajo un nuevo enfoque social, bajo un nuevo enfoque cultural, basado en una libre expresión responsable”.
El senador Monreal agregó que por ello presentó a nombre de Morena esa reserva, que deja claro que las atribuciones de la Secretaría de Gobernación no se van a alterar y “seguirán siendo las que históricamente ha tenido hasta ahora”, sin que signifique de alguna forma, intervenir en algún medio.
Dijo que se aceptan las críticas, porque la palabra “proveer”, da a la Secretaría de Gobernación una potestad “que nosotros no queremos, ni pensamos ni deseamos”.
Menos, después de casos tan controvertidos como la llamada ley Televisa, “o los actos reprobables de censura en contra de Carmen Aristegui, de Gutiérrez Vivó, de tantos reporteros, comentaristas, titulares de noticiarios en provincia que han sido cesados por atreverse a cuestionar, a criticar a determinados personajes de la vida pública y privada, que impactan en sus derechos de audiencias”.
“Señores comunicadores, académicos y gente que comentó sobre esta situación que les preocupaba, están servidos”, concluyó. La modificación fue aprobada por unanimidad. La reserva la habían presentado también las demás fuerzas políticas.
Con información de La Jornada.
Retroceso en materia de libertad de expresión: Erandi Bermúdez
El senador panista José Erandi Bermúdez Méndez calificó como un retroceso grave a la libertad de expresión, los cambios aprobados por la Cámara de Diputados a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que establecen que la Secretaría de Gobernación (Segob) será la encargada de proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional.
En conferencia de prensa los integrantes del Grupo Parlamentario del PAN y representantes de diversas organizaciones relacionadas con la libertad de expresión y la radiodifusión en el país, entre las que destacan la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), la Organización Interamericana de Defensores de las Audiencias y Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias (AMDA), entre otras, Erandi Bermúdez consideró preocupante la aprobación de cambios a esta “porque representa un retroceso en materia de libertad de expresión”.
Hace un llamado para defender el derecho a la información
En ese sentido, Bermúdez Méndez hizo un llamado a todas las fuerzas políticas en la Cámara Alta para que revisen los cambios realizados, a fin de evitar que Segob tenga injerencia en los medios informativos de carácter público.
“Hoy nos preocupa que el gobierno quiera regular a los medios públicos y el día de mañana sean los privados. Nos preocupa que esta batalla que hemos ganado todos los mexicanos en materia de la libertad de expresión, con esta reforma, vaya a tener un retroceso”.
Exhortó a los senadores de las demás fuerzas políticas a defender el derecho a la información de todos los mexicanos, ya que la única forma de que los medios de comunicación cumplan con su responsabilidad de informar con imparcialidad, es que sean independientes del Ejecutivo federal.
“Esta es una batalla que debemos librar todos y todos la hemos ganado juntos para que el día de mañana el gobierno no tenga que decirles (a los medios) qué poner y qué no poner. Estos medios son propiedad del Estado mexicano no del gobierno, es por eso nuestra preocupación”.
¿Segob va a controlar los medios públicos?
Expertos lo temen, diputados lo niegan
La Cámara de Diputados aprobó el 13 de noviembre una reforma sobre la relación de la Secretaría de Gobernación (Segob) con los medios públicos, que especialistas consideran un riesgo de control autoritario, aunque los legisladores lopezobradoristas rechazan esa interpretación.
“A la Secretaría de Gobernación corresponde (…) proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”. Esta fue la frase que quedó aprobada en el artículo 27 fracción octava de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) —que cada nuevo gobierno ajusta para establecer cómo se va a organizar—, a pesar de que no estaba en la iniciativa original.
Actualmente, esta ley sólo concede a Segob facultades para “formular, regular y conducir la política de comunicación social del Gobierno Federal y las relaciones con los medios masivos de información”, en su fracción 39, y vigilar que las publicaciones no atenten contra derechos de la vida privada, los niños o la paz, en la fracción 40.
"Hay un error en la redacción": Ricardo Raphael
Para Ricardo Raphael, académico del CIDE y colaborador de Canal Once —la televisora pública más antigua de México—, hay un error en la redacción y antes de pensar que hay una intención perversa del gobierno, pide que se corrija en el Senado, que recibirá la iniciativa esta semana.
“Si el argumento de la redacción fuera que la Secretaría de Gobernación debe asegurar la provisión, yo estaría muy conforme con la redacción, y ojalá la Cámara de Senadores agregue ese verbo. Pero si queda como está, que es ‘proveer el servicio’, pues sí estaríamos en una muy mala redacción jurídica que chocaría con otras leyes…”.
Aleida Calleja, experta del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom), está segura de que no fue un descuido y consideró que este cambio es un retroceso en el camino hacia tener medios públicos que sean verdaderamente independientes del gobierno, como en otras partes del mundo.
“Que la Secretaría de Gobernación tenga injerencia en la política pública o en la regulación de los medios es uno de los rasgos autoritarios de los más cuestionables y que no nos hemos podido zafar en este país. Incluso en países de Latinoamérica se quedan con el ojo cuadrado de que aquí sea así. Y dos: el poco avance que habíamos logrado para ir hacia medios verdaderamente públicos y no gubernamentales, dándoles cierto margen de independencia, pues se va por la borda”, lamentó.
Con la reforma en Telecomunicaciones de 2013, explicó, ya se había cuestionado mucho que todavía se le dejaran facultades sobre los medios a Segob, en lugar de que todo pasara a manos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Aun así, se creó el Sistema Público de Radiodifusión (SPR) para coordinar a los medios públicos, que en términos de diseño institucional, aunque no es un organismo autónomo, tampoco está sectorizado, es decir, no depende de ninguna secretaría, lo cual implicaba cierta independencia.
“Vamos a la época de (Manuel) Bartlett”: Héctor Villareal
Esta preocupación la comparte Héctor Villareal, quien fue director del Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y de Notimex y ocupó varios cargos de comunicación social durante los sexenios del PAN. En la época de Vicente Fox, explicó, el IMER pasó de estar sectorizado en Segob a estar en la Secretaría de Educación Pública (SEP), y la tendencia era a acercar a los medios públicos más a instancias ciudadanas.
“Regresar a la Secretaría de Gobernación la prestación del servicio de radiodifusión es acabar, así, de tajo, anular la expectativa que me parece legítima, ciudadana, de tener medios públicos como en una democracia normal. Es mandar al diablo los últimos 18 años o más, y regresar a cuando (Carlos) Salinas”, expresó.
“Vamos a la época de (Manuel) Bartlett. Es la idea de los medios que él tenía”, dijo en relación a quien fuera secretario de Gobernación entre 1982 y 1988, hoy propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
¿Qué quisieron decir los diputados?
La diputada morenista Rocío Barrera, presidenta de la Comisión de Gobernación, que elaboró el dictamen, dijo en entrevista con Animal Político, que el objetivo es que haya mejores contenidos en los medios públicos.
“Lo que se propone es que se requiere que la Segob trabaje con el SPR para que más mexicanos y mexicanas tengan acceso a mejor contenido de radio y televisión. Muy poca gente conoce el Sistema Público de Radiodifusión, y es porque esta entidad no ha tenido el acercamiento suficiente a las localidades y a la gente, y el objetivo es cambiar esta premisa. Entonces con este cambio que nosotros hacemos al artículo 27, abrirá y difundirá cultura, información y arte. No se trata, como lo han mencionado, de una máquina política tendenciosa o de propaganda gubernamental. Eso es un error”.
—Pero la reforma no menciona eso del SPR, sólo dice ‘servicio de radiodifusión pública’—, se le hizo ver.
“Así es, servicios de radiodifusión, y lo que se quiere es, como te digo, generar las condiciones de un mejor contenido en información”, señaló.
Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, cree que las críticas a lo aprobado obedecen a que “le andan buscando chichis a las hormigas” y en realidad la nueva redacción deja todo como estaba, sin dar al gobierno mayor poder sobre los medios.
“Nuestro objetivo nunca ha sido ese y nuestras intenciones no podrían estar más lejanas a esa interpretación que se hace a la ley que aprobamos. Si inclusive a Gobernación se le quitaron un montón de facultades, Gobernación ha quedado como el espacio de construcción política y de acuerdo por excelencia. Y los compañeros que van, Olga Sánchez, Alejandro Encinas, Zoé Robledo, se caracterizan por su absoluta disposición al diálogo y al acuerdo, ¿para qué demonios van a querer una herramienta autoritaria? Eso no tiene sentido”, afirmó.
Pero Mario Campos, exdirector de información en el IMER y actual conductor en medios privados, considera un riesgo esta explicación.
“Haber trasladado los medios públicos a la SEP, como se hizo en su momento, y no a Gobernación, mandaba un mensaje político que indicaba que no eran un instrumento de propaganda, sino que eran medios como tal de servicio público, con una vocación distinta. Entonces el cambiar nuevamente y regresarlos a Gobernación, más allá de las personas que encabecen las instituciones —porque habrá quien diga que Olga Sánchez Cordero quizá no haga un uso político de los medios y quizá yo podría estar de acuerdo con ello—, pero las instituciones tienen que ver más allá de las personas que las encabezan, tiene que ver con el diseño, y cuando lo pasas de la SEP a Gobernación, mandas una señal que me parece es preocupante para todos”, comentó.
“Lo mínimo que habría que esperar es una explicación de cuál es la racionalidad detrás del cambio, y de qué garantías institucionales van a desarrollarse para que los medios se fortalezcan en tanto medios públicos y no estén subordinados a la agenda del gobierno en turno”.
Una reforma a medio proceso legislativo
El pasado 18 de octubre, el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, presentó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre otras modificaciones a la estructura de gobierno cambia el nombre de la Secretaría de Desarrollo Social por la de Bienestar y crea la de Seguridad y Protección Ciudadana.
En el artículo 27, referente a Segob, sólo se mencionaba con relación a los medios las facultades de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión, y orientar los programas de comunicación social. Nada sobre “proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional”, una frase que quedó en la redacción final del dictamen presentado ante el pleno.
Animal Político buscó a Delgado para conocer su postura, pero el diputado pidió unos minutos para revisar el tema y no dio respuesta.
Rocío Barrera, presidenta de la comisión que analizó la iniciativa, dijo que las modificaciones se hicieron tras diferentes mesas de trabajo y observaciones de los diputados, pero que este punto estaba desde el primer dictamen que se elaboró el 5 de noviembre y que nadie dijo nada en contra.
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC) Martha Tagle cuestionó de dónde salió esta frase que no estaba originalmente, además de criticar que sólo la Comisión de Gobernación analizó la iniciativa, a pesar de que toca una amplia variedad de materias y de dependencias.
“No recuerdo que nadie haya propuesto nada en ese sentido; apareció en el proyecto de dictamen, y varios temas así aparecieron, como el de que Sedena y Semar sí tenía oficialías mayores y las demás dependencias no. Lo que nos hace suponer es que, como cuando en el PRI, hay una mano que metía cosas que nadie había propuesto como legislador”, señaló.
Aleida Calleja, experta en telecomunicaciones, también cree que hay motivos para sospechar de esta modificación.
“Cuando supimos de este tema, buscamos a las personas con las que tenemos contacto del equipo de transición, les dijimos que el acuerdo había sido que Gobernación no tenía más manos en esto… Pero si juntas eso, ya en el sospechosismo, con el anuncio de López Obrador de que los dueños y directivo de las principales televisoras van a ser sus asesores, pues algo huele, ¿no? Así han operado las televisoras de manera histórica, gane quien gane quieren estar juntito con derecho de picaporte”.
¿Pero las televisoras privadas qué ganarían?
“A los medios comerciales les conviene que los públicos sean medios gubernamentales, débiles y sin audiencia. ¿Qué pasa cuando tienes medios públicos verdaderamente independientes en el ámbito editorial? Que informativamente son muy fuertes. La gente puede ver cualquier cosa, pero para informarse, ve su medio público. Tienes el ejemplo europeo, es el caso de la BBC, de la ARD en Alemania”, explicó.
La iniciativa ya fue turnada a la Cámara de Senadores, que este miércoles 21 de noviembre empezará a revisarla en Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos.
Con información de Animal Político.
Morena propone nueva Ley de Comunicación y derogar la Ley del PRI
El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados propuso una nueva Ley De Comunicación Social para el Gobierno federal, y pidió derogar la que aprobó el PRI en abril pasado.
La iniciativa presentada por el diputado Pablo Gómez, se propone una nueva ley que se denominaría Ley General de Propaganda Oficial. Esta ley tiene como propósito impedir que entre en vigor el primero de enero una ley aprobada por el Congreso, con la protesta de una gran cantidad de legisladores de entonces, de la anterior legislatura, señaló Gómez.
En la distribución de tiempos oficiales, la propuesta de Morena plantea:
– 35 por ciento para el Ejecutivo federal
– 10 por ciento para el Legislativo (en partes iguales entre la Cámara de Diputados y el Senado)
– 10 por ciento para el Poder Judicial
– 10 por ciento para los organismos públicos autónomos federales
– 35 por ciento para las entidades federativas
En cuanto a la contratación de medios propone expone cuatro reglas básicas:
–No contratar con una sola empresa, grupo o medio de comunicación adquisiciones cuyo importe total sea mayor al 25 por ciento del gasto total destinado para cada tipo de servicio de comunicación social
– No concentrar en un solo servicio de comunicación social (radio, televisión o prensa escrita) más del 50 por ciento del gasto total destinado a cubrir la propaganda.
– No establecer criterios de contratación directa o indirectamente relacionados con la línea editorial o, en general, la opinión de los medios de comunicación
– Prohibición para contratar la difusión de noticias ni para hacer pagos para la difusión de actos oficiales de cualquier naturaleza.
Propone que haya un sistema informativo sobre la propaganda de la administración pública federal, el cual sea controlado por la Secretaría de Gobernación.
En una intención de que la contratación de medio se dé en forma transparente, este mecanismo informativo deberá estar disponible para el público de forma física y digital.
"Estamos planteando que no se puedan incrementar las partidas de propaganda durante el ejercicio para el que fueron aprobadas, que se tenga que observar, sin modificación administrativa posible, lo que decida la Cámara de Diputados en materia presupuestal de propaganda oficial", destacó Gómez.
La iniciativa plantea una distribución correcta, equitativa de la propaganda oficial hacia los distintos medios, además de evitar que actores ajenos al proceso electoral incidan en las campañas y votaciones electorales a través de los medios de comunicación.
Con información de El Financiero y Diario Presente.
El Congreso de Gto debe emitir una Ley Estatal de Comunicación Social
14 de mayo.- Luego de ser publicada la Ley General de Comunicación Social en el Diario Oficial de la Federación, el Congreso de Guanajuato estaba obligado a emitir una Ley estatal de Comunicación Social, en un plazo no mayor a 90 días, es decir, antes del 11 de agosto.
¿Qué establece la Ley General de Comunicación Social?
La Ley es de observancia general y reglamenta el párrafo 8º del artículo 134 de la Constitución relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de Comunicación Social, establece el artículo 1º.
Establece que los gastos de comunicación social deben cumplir criterios de eficiencia, economía, transparencia y honradez, respetando los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio. Son sujetos obligados todos los poderes públicos, así como los órganos autónomos.
Se establecen las reglas de la Comunicación Social, así como los contenidos que no se podrán difundir, incluidos los que destaquen, de manera personalizada, nombres, imágenes, voces o símbolos de cualquier servidor público.
Cuando se difundan programas que otorguen subsidios o beneficios directos, se deberá incluir la leyenda “Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa”.
La Secretaría de Gobernación será responsable de administrar los tiempos oficiales y establecerá el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, por lo que se le denominará “Secretaría Administradora”, debe emitir lineamientos, prestar asistencia técnica, así como evaluar las estrategias, programas anuales y campañas de comunicación social.
Además:
Que los Organismos autónomos deben prever en su reglamento interior, un mecanismo para elaborar estrategias y programas anuales.
La creación de un registro de Sistema Público a cargo de la Función Pública de Comunicación Social; además, se debe poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos sitios de internet, informes semestrales sobre las campañas de comunicación social.
Que mencionada Secretaría Administradora debe informar bimestralmente a la Cámara de Diputados o a los Congresos locales de la ejecución de los programas y actividades gubernamentales.
Además, debe haber informes anuales desglosados; y deben entregarse a la Auditoría Superior de la Federación o su equivalente.
Ante infracciones a la Ley, deben seguirse procedimiento administrativo o bien iniciarse procesos penales.
En conclusión, la recién aprobada Ley General de Comunicación Social valida el centralismo en la Secretaría de Gobernación federal, lo que, al ser trasladado a los estados, concentraría este poder en la Secretaría de Gobierno de Guanajuato.
con información de Zona Franca.
El Diario Oficial de la Federación publica la
Ley General de Comunicación Social
El decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2019.
11 de mayo.- La Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que expide la Ley General de Comunicación Social.
El documento precisa que el 8 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto expidió y firmó junto con el secretario de Gobernación, Jesús Alfonso Navarrete Prida, el decreto "para su debida publicación y observancia".
Destaca que la presente ley es de orden público e interés social, de observancia general en toda la República y reglamentaria del párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la propaganda, bajo cualquier modalidad de Comunicación Social.
La Segob será la encargada de regular el gasto
Dicha ley tiene por objeto establecer las normas a que deberán sujetarse los Entes Públicos a fin de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, y respete los topes presupuestales, límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos.
La Secretaría de Gobernación (Secretaría Administradora) y la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las Entidades Federativas y los municipios, serán las encargadas de regular el gasto en materia de Comunicación Social, así como las áreas o unidades administrativas con funciones o atribuciones equivalentes o similares que determinen el resto de los Entes Públicos.
La Segob será la encargada, en el ámbito de su competencia, de prestar asistencia técnica y evaluación de las Estrategias, Programas y las Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la administración pública, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que se hace referencia en esta Ley.
Resalta que la Secretaría Administradora (Segob) será la encargada de la planeación y evaluación de los Programas Anuales de Comunicación Social que elaboren los Entes Públicos respectivos, a fin de que se lleven a cabo bajo los principios a los que se hace referencia en esta Ley.
Refiere que los Entes Públicos deben elaborar una Estrategia anual de Comunicación Social, para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
Medios deben estar inscritos en el Padrón Nacional de Proveedores
Los Medios de Comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social a que se refiere la presente Ley, deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, a cargo de la Segob.
"La información contenida en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación será pública y accesible a distancia".
Notimex
El Senado aprueba la Ley de Comunicación Social
25 de abril.- El Senado de la República aprobó en lo general, así como los artículos no reservados, con 60 votos a favor, 46 en contra y una abstención, la Ley General de Comunicación Social, cuyo objetivo es reglamentar el modelo de propaganda gubernamental y garantizar que el gasto destinado a esta materia cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Al presentar el dictamen ante el Pleno, el presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Aarón Pozos Lanz, afirmó en tribuna que el dictamen cuenta con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental, bajo cualquier modalidad de comunicación social.
Por la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, su presidente, el senador Froilán Esquinca Cano, dijo que las asociaciones civiles “nos han mostrado los mecanismos jurídicos, como instrumentos de lucha, ante los actos de gobierno que consideren vulneren sus derechos”.
El senador hizo un llamado para que se cumpla con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tiempo y forma, sin dejar de lado que el fondo de la Ley debe de garantizar la libertad de expresión y el derecho a la información.
La ley “es una aberración”
El senador del PAN Héctor Larios criticó que la ley “es una aberración”, porque “no se toman en cuenta los principios del artículo 134 constitucional, que señalan que se debe garantizar la difusión de información con fines informativos y educativos, y no convertirse en una auténtica campaña de comunicación social a favor del gobierno en turno y sobre sus logros”.
La senadora del PRD Angélica de la Peña apuntó que “es una simulación” y sólo refleja “el más viejo y autoritario sistema político mexicano”, que no acata el ordenamiento que la Corte hizo al Congreso, y que sólo es para volver al “no te pago para que me pegues, te pago para que no me pegues”.
A favor:
Por su cuenta el senador Jesús Casillas Romero del PRI, al manifestarse en pro argumentó que se da un gran paso para que los gobiernos federal y estatales transparenten sus gastos, lo cual es fundamental para la democracia y derecho a la información.
Esteban Albarrán Mendoza, del PRI, aseguró que hoy se responde a una exigencia ciudadana para el mejor manejo de los recursos en publicidad y se fiscalizará su asignación en los tres niveles de gobierno para evitar su uso discrecional y desvíos arbitrarios.
Dictamen:
El texto del dictamen que conoció la Asamblea, señala que el ordenamiento será aplicable a los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y las entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno.
Define a la Secretaría de Gobernación y a la dependencia o unidad administrativa equivalente en el ámbito de las entidades federativas y los municipios, como encargadas de regular el gasto en materia de comunicación social.
La Secretaría de Gobernación estará encargada de prestar asistencia técnica y evaluación de las estrategias, programas y campañas de comunicación social para efectos de la difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales.
Ley General de Comunicación Social establece la obligación de los entes públicos que cuenten con recursos asignados en el Presupuesto de Egresos para gasto en comunicación social, de elaborar un Programa Anual en este tema, concordante con los recursos asignados en el ejercicio fiscal que corresponda.
Medios deben estas inscritos en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación
Dispone que los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de propaganda deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación, el cual estará a cargo de la Secretaría de Gobernación.
La información contenida en el Padrón Nacional será pública y accesible vía electrónica, se precisa que el empadronamiento de los medios de comunicación en ningún caso implicará la obligación de contratación por parte de los entes públicos.
Señala que la revisión y fiscalización de los recursos públicos federales en la materia se realizará a través de la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Además, los entes públicos no podrán convenir el pago de créditos fiscales, ni de cualquier otra obligación de pago a favor de la autoridad, a través de la prestación de servicios de publicidad, impresiones, inserciones y demás actividades en materia de comunicación social.
La legislación precisa que tampoco podrán destinar recursos presupuestarios para tiempos comerciales, a través de los medios de comunicación, siempre y cuando privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos de Estado, y éstos no estuvieran disponibles.
Tiempos oficiales
Incluye que éstos serán utilizados para la difusión de contenidos de carácter institucional y con fines informativos, educativos, culturales y otros asuntos de interés social. En casos de emergencia derivados de situaciones de salud, desastres naturales o de protección civil, se podrán difundir campañas de comunicación para mantener informada a la población.
Determina la distribución de los tiempos fiscales de la siguiente manera: al Poder Ejecutivo Federal se le asigna el 40 por ciento; al Poder Legislativo 30 por ciento; 10 por ciento para el Poder Judicial, y 20 por ciento a los entes autónomos.
Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales, y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión de toda campaña de comunicación social en los medios de comunicación.
Se indican las normas para la difusión de mensajes extraordinarios, que son aquellos que comprenden información relevante para atender una situación de carácter emergente o coyuntural y que, por no ser previsible, no está incluido en el Programa Anual de Comunicación Social.
Con este nuevo marco legal se establece la obligación de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal de registrar en el Sistema Público, a cargo de la Secretaría de la Función Pública, la información desglosada por partida presupuestal de las erogaciones referidas a gasto en campañas de comunicación social.
Los entes públicos están obligados a poner a disposición del público y mantener actualizado un informe semestral sobre el gasto en campañas de comunicación social en su portal de transparencia.
Constituyen infracción a esta Ley el difundir campañas de comunicación social violatorias a los principios rectores, exceder los límites y condiciones establecidas para los informes anuales de labores de los servicios públicos, el incumplimiento de cualquiera de las disposiciones contenidas en este ordenamiento.
Cuando las autoridades federales, estatales o municipales cometan alguna de estas infracciones se dará vista al superior jerárquico y, en su caso, se presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables.
Presentan pronunciamiento en favor de la transparencia y uso adecuado de los recursos públicos para la publicidad gubernamental
19 de abril.- El diputado Alejandro Navarro, del Grupo Parlamentario del PAN en el Congreso del Estado de Guanajuato, presentó un pronunciamiento sobre la Iniciativa de Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental.
En la tribuna detalló “que a nadie le conviene que la prensa sea vista como parte de la corrupción que aqueja al País. Una prensa libre va a ser siempre insustituible para la democracia y el sistema político”.
En su discursó dijo que es necesario constituir un Comité permanente de discusión y análisis para la defensa de la libertad de expresión en Guanajuato, cuyas responsabilidades y mandato específico deberán definirse en su reglamento respectivo.
Y que se convoque a un proceso de diálogo con los Ayuntamientos, Universidades Públicas y Privadas, Organizaciones de la Sociedad Civil, empresas de comunicación, periodistas y expertos, con el fin de discutir y analizar los contenidos a ser considerados en la Ley que tendrá que emitirse en el futuro en materia de comunicación social y publicidad gubernamental.
Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental
Recordó que a nivel nacional “hay un intenso debate en torno a la Iniciativa de Ley General de Comunicación Social y Propaganda Gubernamental. Se trata de una propuesta que surgió, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalara la omisión en que ha incurrido el Legislativo al no emitir una ley reglamentaria en esa materia”.
“El tema es de la mayor trascendencia, porque se trata de regular, y sobre todo, de transparentar la relación que tienen las instituciones públicas con los medios de comunicación, en un contexto nacional en el que todo es observado bajo la sombra de la sospecha de la corrupción”.
Destacó que, según los datos del INEGI, los partidos políticos, los legisladores y en general, los gobiernos, “somos percibidos por más del 80% de la ciudadanía en contextos donde la corrupción es considerada como frecuente o muy frecuente. Por su parte, los medios de comunicación son señalados ya también, en promedio, por el 70% de la población como partícipes de la corrupción en algún nivel”.
El diputado Alejandro Navarro Saldaña consideró que “siempre, debe insistirse, con base en la mayor transparencia posible, porque si algo debemos romper es el uso “patrimonialista del poder”. El dinero destinado a la comunicación social finalmente no es del gobernante; son los impuestos de la ciudadanía y debemos utilizarlos de la mejor manera posible”.
Senadores frenan la Ley de Comunicación Social
Por más de dos horas los senadores integrantes de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, discutieron en lo general la minuta enviada por la Cámara de Diputados sin ser aprobada o rechazada.
El presidente de la Comisión de Gobernación, el senador del PRI, Raúl Aarón Pozos Lanz dijo que tienen el tiempo encima debido a que la Ley de Comunicación Social debe estar aprobada antes del 30 de abril.
La oposición acusó la intención del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de tratar de imponer una ley que es una “simulación” que “legitima los vicios de antaño” además de acusar que hubo violaciones al proceso legislativo en las comisiones dictaminadoras.
El Partido del Trabajo (PT) y Morena presentaron una contrapropuesta que fue desechada.
Los panistas Raúl Gracia, Héctor Larios y Laura Angélica Rojas, insistieron en lo irregular del procedimiento, un virtual “madruguete” e insistieron en que la minuta de la Cámara de Diputados no cumple con la resolución de la Suprema Corte.
“No se plantea la prohibición de difundir informes de labores, ni mecanismos de control externo que permitan la participación de entes reguladores para evitar abusos y conductas discrecionales en la asignación de publicidad a los medios de comunicación”.
La senadora Dolores Padierna defendió la propuesta del PT Morena e insistió en que se discutiera la contrapropuesta de su bancada, en la que, dijo, hay los mecanismos para limitar la discrecionalidad en la asignación de la publicidad oficial.
El panista Héctor Larios advirtió que en ningún país democrático se permite que los gobernantes se promocionen con recursos públicos y en la minuta ello no se regula, sino que se permite que continué ese abuso.
La CNDH pide observar los estándares internacionales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a las Comisiones Unidas de Gobernación, de Radio, Televisión y Cinematografía y de Estudios Legislativos Primera, contemplar estándares internacionales y el informe especial de este organismo para dictaminar la Ley General de Comunicación Social.
En un posicionamiento resaltó que la medida tiene la finalidad de fortalecer la libertad de expresión y la democracia en México.
“Una demanda muy sentida de la sociedad y organismos relacionados con dicho tema se refiere a que los recursos públicos destinados a publicidad oficial se asignen de manera eficaz y clara, así como propiciar la mayor transparencia y rendición de cuentas en el manejo y destino de los recursos públicos en materia de publicidad gubernamental, sin violentar derechos de terceros o inhibir la vigencia y ejercicio de los derechos humanos, en particular los relativos a la información y a la libertad de expresión”, refirió.
Esta ley ata la libertad de expresión
A decir de distintos expertos, la ley maniata la libertad de expresión, el ejercicio periodístico y el derecho a la información, generaliza prácticas discrecionales que por décadas el gobierno ha ejercido en la asignación de publicidad oficial y se utiliza como mecanismo de control en premio o castigo a la prensa, de allí que coloquialmente se le denomine como Ley Chayote.
Los medios informativos dependen de los ingresos de publicidad para su subsistencia. La diversidad de anunciantes les permite ser independientes en sus investigaciones y le da al personal que trabaja en la producción de noticias la libertad para poder presentar y difundir sus trabajos. Desgraciadamente, en México la mayoría de los medios de comunicación depende, para su subsistencia, de la publicidad de gobierno. La asignación de recursos podría ser transparente y equitativa, pero esto no ocurre así. Según cifras de las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar, 48 por ciento del dinero lo reciben diez grandes medios de comunicación, y 52 por ciento restante, 3,800 medios. Ello incide en la falta de pluralidad.
La ley que se aprobó en la Cámara de Diputados “normaliza en estados y municipios las malas prácticas que se llevan a cabo dentro de la administración pública federal en la asignación de publicidad oficial”, explica Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19. El trabajo de esta organización no gubernamental, que promueve la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, marcó pauta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisara jurídicamente el tema y sentenciara al Congreso de la Unión a legislar sobre la publicidad oficial. Sin embargo, acota Ruelas, esto no se hizo en los términos en fue emitida la polémica ley.
"Ley no pone límites ni exige transparencia en los recursos públicos"
Justine Dupuy quien es coordinadora de Transparencia y Rendición de Cuentas de la organización Fundar, destaca que la Ley General de Comunicación Social no pone límites ni exige transparencia en los recursos públicos, pese a que ese es uno de los pilares en la sentencia de la Corte y porque, además, “hemos demostrado que hay derroche de los recursos públicos en este rubro. Se aprueba un presupuesto y terminan gastando casi el doble, y la ley no estipula ningún límite al respecto. Por ejemplo, ni siquiera se plantea el sobreejercicio, y eso es primordial y es precisamente lo que pide la Suprema Corte: regular la eficiencia y eficacia de este gasto público”.
De aprobarse en tales términos, “el Congreso estaría desperdiciando una oportunidad histórica de cambiar la relación de chantaje que ha primado entre poder y los medios de comunicación en México”, asegura Dupuy.
El mecanismo que en esencia el gobierno debería utilizar como canal de comunicación con los ciudadanos, “para informarles de manera efectiva de temas que les sean útiles, por ejemplo, campañas de vacunación o temas de protección civil, se convirtió en un mecanismo de control de los medios”. Esto, explica Ana Cristina Ruelas, genera “información sesgada para la sociedad y un efecto inhibidor en los periodistas”.
Con esta lógica, la directora de Artículo 19 considera que “cada gobierno ha ido incrementando su gasto en publicidad, precisamente porque busca controlar lo que se informa a la sociedad. Si tú controlas los medios realmente estás controlando la información que le llega a la sociedad, y el gobierno cada vez invierte más en ello”. La actual administración lleva gastados más de 40,000 millones de pesos en publicidad; unos 21 millones diarios en promedio.
Deficiencias de la ley
Para Leopoldo Maldonado, oficial de Artículo 19, la ley carece de criterios claros. Prevalece la lógica del “no pago para que me peguen” y, peor aún, se considera ahora que esto lo aplique desde el presidente de la república hasta los gobernadores y los alcaldes.
Se está garantizando que los recursos públicos se ejerzan como si fueran de los funcionarios en turno y prevalece el talante profundamente autoritario del régimen. No se considera un organismo que revise, supervise y fiscalice el ejercicio del gasto.
En esta ley el padrón de medios va a quedar en manos de la Secretaría de Gobernación, dependencia que decidirá a quién darle y a quién negarle publicidad.
Se incluye promover los logros de gobiernos, lo cual Maldonado considera absurdo y grave. Rompe con el concepto mínimo de publicidad oficial. En los estándares internacionales significa que esta tenga utilidad pública y, obviamente, los logros de gobierno no tienen utilidad pública. En otros países es impensable que el gobierno promocione sus logros porque estos deben hablar por sí mismos, la gente se da cuenta.
Con información del La Jornada, Newsweek y El Economista.
